El Ejecutivo nacional lanzó este jueves un ambicioso paquete de medidas que busca atraer hacia la economía formal los millonarios ahorros en moneda extranjera que muchos argentinos conservan fuera del circuito bancario. La iniciativa llega acompañada de una sorprendente estimación oficial: entre 200.000 y 400.000 millones de dólares estarían fuera del sistema, un volumen comparable, e incluso superior, al total de la deuda externa del país.
El propio presidente Javier Milei fue quien puso sobre la mesa esta cifra, que equivale a entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la deuda externa argentina se ubica en los 276.137 millones de dólares. En ese contexto, los fondos que estarían atesorados en billetes físicos por particulares representarían una fuente de recursos tan grande como la totalidad de los compromisos financieros del país con el exterior.
Los principales cambios
Con este panorama, el Gobierno avanza con una estrategia que apunta a facilitar el ingreso de estos dólares al circuito formal. Entre los principales cambios, se destaca la eliminación de varios regímenes informativos que hasta ahora funcionaban como trabas para la utilización de ese dinero. También se modificaron los montos mínimos a partir de los cuales deben reportarse ciertas operaciones bancarias y financieras.
“Tus dólares, tu decisión”, fue el lema que utilizó el vocero presidencial Manuel Adorni para presentar esta nueva etapa. El mensaje apunta a generar confianza en los ahorristas, con la promesa de que podrán usar sus dólares sin explicar su procedencia ni enfrentar penalidades retroactivas. Incluso, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley que brindaría protección jurídica ante eventuales cambios políticos o normativos en el futuro.
En detalle, las medidas anunciadas incluyen la eliminación de la obligación de informar operaciones con tarjetas de crédito y débito, transferencias virtuales, compraventa de inmuebles y vehículos usados, y pagos de expensas por encima de los $32.000. También se derogó el denominado “CITI de los escribanos”, que obligaba a reportar toda escritura notarial. En paralelo, se prohibió a los bancos exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales como requisito para operar. Las personas que enfrenten estas exigencias podrán negarse y recurrir a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.
Asimismo, se elevaron los umbrales que activan los reportes automáticos ante la AFIP y otros organismos: los saldos mensuales en cuentas bancarias se informarán desde los $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas, al igual que los movimientos en billeteras digitales. Los plazos fijos deberán superar los $100 millones para ser notificados.
Finalmente, se presentó un régimen simplificado del impuesto a las ganancias, enfocado en la facturación y deducciones objetivas, sin considerar consumos personales ni cambios patrimoniales. Con estas medidas, el Gobierno intenta destrabar el circuito económico y captar una masa de capital que, de insertarse en la economía formal, podría representar un verdadero impulso para la inversión y el consumo interno
