El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente la implementación del Código Procesal Penal Federal en los Tribunales de Retiro y en toda la Ciudad de Buenos Aires. Pese al reiterado reclamo del Ministerio Público Fiscal, la fecha clave del 10 de noviembre fue desactivada, fijándose la nueva implementación para el 27 de abril de 2026.
La decisión fue formalizada por el Ministerio de Justicia. La resolución fue adoptada por el secretario Sebastián Amerio y llevará la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la licencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Los motivos de la postergación
Los motivos de la postergación son similares a los esgrimidos en la primera ocasión, en agosto pasado (cuando se aplazó hasta noviembre). Desde la cartera de Justicia plantean que aún existen carencias en el traspaso de personal y faltan inversiones cruciales en infraestructura y tecnología requeridas por los fiscales para que el sistema funcione correctamente.
La entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio representa uno de los mayores desafíos jurídicos del país, en un contexto de profunda crisis de recursos humanos y cargos vacantes en el Poder Judicial.
Vacantes Judiciales: El 32,5% de los puestos de jueces nacionales y federales se encuentran vacíos.
Fiscalías Incompletas: En el Ministerio Público Fiscal, el 46,8% de los despachos se encuentran sin fiscales titulares.
Ya en la postergación anterior, el Decreto 530/2025 había aclarado, según el argumento de la Procuración General, que no estaban reunidos "los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables" para el inicio efectivo del sistema.
El nuevo Código Procesal Penal Federal busca, según destacó el ministro Cúneo Libarona en marzo del año pasado, una "justicia eficiente y rápida". La reforma plantea un cambio de paradigma: la investigación pasa a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal, liberando al juez de esa tarea para que actúe de manera imparcial. El fiscal será quien reciba la causa, analice la pertinencia de la investigación (principio de oportunidad) y decida si aplica un juicio abreviado, una probation o una reparación.
El funcionario ha destacado que este sistema acusatorio agiliza los tiempos de la Justicia, evitando la "prolongación indebida de los procesos", lo que reduce el "tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad". Sin embargo, el gran avance jurídico deberá esperar, al menos, cinco meses más.
