El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se refirió públicamente al impacto institucional que generó el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada presuntamente por Claudio Barrelier, quien se desempeñaba en el área de Tránsito municipal.
La conmoción provocada por el crimen también puso bajo la lupa el proceso mediante el cual Barrelier ingresó a la Municipalidad. Su incorporación había sido impulsada por el entonces concejal Ricardo Moreno, quien además lo defendió judicialmente en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad.
Ante ese escenario, Passerini realizó una fuerte autocrítica durante una entrevista con El Doce TV. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, afirmó.
El intendente agregó: “No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”.
Además, explicó que desde que se conoció el caso comenzó a recibir denuncias sobre otros empleados municipales con antecedentes. “Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy mal, tristes y angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad. Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando. Ante todas las denuncias, lo que hago es pedir los datos”, señaló.
Como parte de las respuestas adoptadas por el Ejecutivo municipal, Passerini impulsó una reforma en los controles de antecedentes penales y dispuso la implementación de narcotests para todo el personal de la administración local.
La iniciativa será presentada en la próxima sesión del Concejo Deliberante y busca ampliar los requisitos que actualmente alcanzan únicamente a los funcionarios. Hasta ahora, los empleados municipales debían presentar certificados de antecedentes penales cada cuatro años. Con la nueva normativa, ese trámite deberá realizarse cada seis meses.
A ello se sumará la realización de pruebas toxicológicas. “No es discriminatorio, en caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán las posibilidades de tratamiento”, explicó el intendente.
La situación de Ricardo Moreno también derivó en consecuencias políticas. Además de haber gestionado el ingreso de Barrelier al municipio, trascendió que integrantes de su entorno familiar y profesional mantenían vínculos con la defensa del acusado. Por ese motivo, Passerini le solicitó la renuncia a su banca en el Concejo Deliberante, aunque el dirigente rechazó el pedido.
Frente a esa negativa, el Partido Justicialista cordobés impulsó una alternativa para desplazarlo. Raúl La Cava, quien se encontraba de licencia como concejal para desempeñarse como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, notificó al viceintendente Javier Pretto su decisión de regresar al cuerpo legislativo.
