El juez federal Jorge Gorini presentó ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema el pedido de decomiso contra la ex presidenta Cristina Kirchner, con un monto base de $86.000 millones por el daño económico en la causa Vialidad. La cifra corresponde al perjuicio generado por una maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.
El pedido se realizó tras la confirmación de la condena a seis años de prisión que dictó la Corte. Ahora, los peritos deberán determinar el valor actualizado, que podría ser mayor.
Obras viales y favoritismo en las licitaciones
Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, también incluyó en su solicitud a los otros ocho condenados. Entre ellos están el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Entre 2003 y 2015, el 86% de las obras viales nacionales en Santa Cruz fueron adjudicadas al Grupo Austral, perteneciente a Báez. La justicia probó que hubo direccionamiento de licitaciones, pagos privilegiados, simulación de competencia y falta de controles.
Obras viales y direccionamiento de licitaciones
Jorge Gorini, como responsable de la ejecución de la pena, pidió que se fije el monto definitivo por el cual deberán responder los nueve condenados. Entre ellos figuran el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Según el fallo, entre 2003 y 2015, el 86% de las obras viales financiadas por el Estado en Santa Cruz fueron adjudicadas al Grupo Austral de Báez. El mecanismo incluyó direccionamiento de licitaciones, falta de controles y pagos privilegiados, todo bajo un esquema de simulación de competencia.
Uno de los mayores daños al patrimonio estatal
El Tribunal Oral Federal número 2 destacó en su sentencia que se trató de “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”. Por esa razón, se avanzó con el pedido de decomiso, que busca recuperar parte del dinero perdido por la corrupción.
El cálculo base de los $86.000 millones se realizó a partir de peritajes sobre cinco obras testigo, entre ellas tres ubicadas en la Ruta Nacional 3, entre Caleta Olivia y Rada Tilly. En esos tramos se encontraron sobreprecios, demoras e indicios de colusión empresarial.
Diez días para pagar o se ejecutarán los bienes
Una vez actualizado el monto, Gorini emplazará a los condenados a pagar sus respectivas partes en un plazo de diez días hábiles. Si no lo hacen, se procederá a la ejecución de los bienes registrados a su nombre, en función del patrimonio declarado en la causa.
Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas con detalles sobre propiedades, cuentas y empresas vinculadas a los imputados. El documento servirá para avanzar en el cumplimiento del fallo, en un contexto político en el que el presidente Javier Milei ha insistido en la necesidad de combatir la corrupción y recuperar fondos desviados del Estado.
