Este miércoles se llevará a cabo una nueva reunión de la Comisión especial investigadora sobre el caso del fentanilo adulterado, que tendrá lugar a las 9 de la mañana. La convocatoria incluyó al ministro de Salud, Mario Lugones, y a las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Según fuentes consultadas por TN, el titular de la cartera sanitaria no asistirá, aunque sí estarán presentes funcionarios de la ANMAT.

La comisión está presidida por la diputada socialista Mónica Fein, con Silvana Giudici, de La Libertad Avanza, y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, como vicepresidentas. Las tres legisladoras impulsaron diversos proyectos para fortalecer la investigación parlamentaria, que busca complementar la causa judicial que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata.

El magistrado recibió a los diputados integrantes de la comisión en su juzgado y también se presentó ante el Parlamento y los familiares de las víctimas. En declaraciones a TN, Giudici destacó que “escuchamos a familiares y recibimos respuesta a todos los requerimientos que hicimos a los organismos públicos: ANMAT, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y todos los ministerios de salud provinciales. El único que no envió respuesta fue el gobierno de Formosa”.

Además, la diputada afirmó que “la conclusión a la que vamos arribando es que la responsabilidad de las muertes recae en los dueños del laboratorio y todos los contactos políticos que lo mantuvieron protegido durante los gobiernos anteriores”.

Respecto a las reuniones con el juez Kreplak, Giudici señaló que “la visita del juez fue importante porque informó sobre las causas que se abrieron además de la principal por desvío de calidad. También se está investigando la vinculación con el contrabando o desvío de cantidad y la eventual cobertura política que pudo haber tenido para establecer el funcionamiento de tres laboratorios a lo largo de 10 años”.

Durante su presentación en Diputados, el juez detalló que el primer paso en la investigación fue identificar qué centros de salud habían adquirido el medicamento adulterado. “Así reconstruimos la trazabilidad de los medicamentos, que no existe en el sistema sanitario argentino”, explicó. Se analizaron siete lotes, descartándose cinco y confirmándose dos, de los cuales uno no habría sido aplicado a ningún paciente.

El magistrado subrayó la obligación de los funcionarios públicos de brindar respuestas a los familiares: “Esto no debió haber ocurrido, estamos en la obligación de restaurar la confianza con las instituciones públicas”. Añadió que la intención es continuar trabajando, incluso durante el período de feria judicial, para analizar historias clínicas y consolidar la información dispersa. Posteriormente, se enviarán los casos de víctimas fatales y no fatales para aproximarse a un número definitivo, con vistas a elevar la causa a juicio a mediados del próximo año, una vez que la Cámara confirme el trabajo realizado.

Reclamos y propuestas de familiares

Desde el inicio, la comisión invitó a los familiares de las víctimas a participar en las reuniones y aportar propuestas. En uno de los encuentros recientes, los familiares plantearon la necesidad de implementar un sistema integral de trazabilidad digital para medicamentos de alto riesgo, como el fentanilo y opioides sintéticos.

Entre sus propuestas destacan:

• Registro individual de cada unidad de producción hasta la administración al paciente.
• Obligatoriedad para laboratorios, droguerías y hospitales de informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial.
• Estudio de modelos internacionales para evitar violaciones en los controles cruzados.
• Digitalización y centralización de la información sanitaria en una plataforma interoperable, reemplazando el formulario físico actual.
• Interconexión de historias clínicas electrónicas con la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados.
• Establecimiento de plazos y recursos para la digitalización obligatoria en hospitales públicos y sanatorios privados.

Paralelamente, familiares convocaron a una audiencia con la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados de Santa Fe, buscando la sanción de leyes más estrictas y protocolos claros para prevenir la adulteración de medicamentos de alto riesgo.

Hasta la fecha, el fentanilo adulterado causó 173 muertes tras la aplicación de ampollas contaminadas en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. Los lotes comprometidos provenían de Laboratorios HLB Pharma Group SA y fueron distribuidos por Droguería Ramallo SA.

Los responsables de estas empresas, Ariel García Fulfaro (HLB Pharma y Laboratorio Ramallo) y Javier Tchukran (director general), se encuentran detenidos. El Ministerio de Salud se constituyó como querellante en la causa, mientras que la ANMAT tomó medidas para recuperar los lotes adulterados, exigiendo a droguerías y hospitales que informen sobre su adquisición.