El régimen iraní designó a Ahmad Vahidi como nuevo comandante interino de la Guardia Revolucionaria Islámica, uno de los cuerpos armados más poderosos y temidos del mundo. Vahidi no es un nombre cualquiera: está acusado por la justicia argentina de haber participado en la planificación del atentado a la AMIA en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Desde hace casi dos décadas, pesa sobre él un pedido de captura internacional emitido por Interpol a pedido de la Argentina.
La decisión fue tomada tras una serie de ataques israelíes que dejaron vacantes varios puestos clave en la cúpula militar iraní. Según medios oficiales y fuentes de inteligencia israelíes, entre los fallecidos se encuentran el general Hossein Salami, anterior comandante de la Guardia Revolucionaria, y Mohammad Bagheri, jefe de las Fuerzas Armadas. En su reemplazo, Teherán designó de forma interina a Vahidi y a Habibollah Sayyari, respectivamente.
Una figura central en la estructura del régimen
Vahidi ya había ocupado cargos relevantes en el aparato de seguridad iraní: fue ministro del Interior entre 2009 y 2013, y comandante de la Fuerza Al-Quds, una unidad de élite especializada en operaciones en el exterior. Es precisamente en esa función que el fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los altos mandos que participaron en la reunión de 1993 en la que se habría decidido el ataque contra la mutual judía en Buenos Aires.
De acuerdo a la denuncia de Nisman, esa reunión tuvo lugar en la ciudad de Mashhad y liderada por los máximos responsables del régimen iraní. La ejecución del atentado habría sido encargada a la organización Hezbollah del Líbano, con la coordinación logística de la Fuerza Al-Quds.
Además de Vahidi, otro de los mencionados en ese expediente es Moshen Rezai, también general y dirigente político iraní, quien recientemente ocupó el cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos en el gobierno de Ebrahim Raisi, fallecido en un accidente aéreo en mayo.
Repercusiones internacionales
La designación de Vahidi se interpretó como una provocación por parte de la comunidad internacional, especialmente en Estados Unidos y en la Argentina. Desde Washington, el Departamento de Estado recordó que Vahidi figura en sus listas como uno de los terroristas más peligrosos y que está sancionado por múltiples violaciones a los derechos humanos y actividades vinculadas con el financiamiento del terrorismo.
Por su parte, en Argentina se mantiene vigente el pedido de detención internacional emitido en el marco de la causa AMIA, que continúa en etapa de instrucción complementaria tras la muerte del fiscal Nisman. Las autoridades judiciales argentinas han insistido en reiteradas ocasiones para que se active la “alerta roja” en caso de que Vahidi viaje fuera de Irán, algo que ha ocurrido en contadas ocasiones y con protección diplomática.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicó en 2017 un extenso informe en el que detalla las conexiones entre funcionarios iraníes y estructuras locales utilizadas para el presunto encubrimiento del atentado. En ese documento se menciona a Vahidi como uno de los que “sometió a evaluación” la propuesta de atacar objetivos judíos en Buenos Aires.
Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales del Gobierno argentino sobre esta nueva designación, aunque se espera que en las próximas horas la Cancillería emita un comunicado. La comunidad judía local, en tanto, ya expresó su repudio a través de dirigentes de la AMIA y la DAIA, que calificaron el nombramiento como “una afrenta a las víctimas del terrorismo”.
