El oficialismo propone a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político

Tras dos años de parálisis intencional, La Libertad Avanza decidió activar la comisión más sensible de la Cámara de Diputados.
Por: #BorderPeriodismo

En una decisión gestada en la cúpula de la Casa Rosada, el oficialismo definió que la diputada Lilia Lemoine sea la nueva presidenta de la Comisión de Juicio Político. La medida pone fin a un largo período de inactividad de este órgano, que el Gobierno había mantenido "clausurado" como mecanismo de autoprotección frente a la debilidad parlamentaria de los primeros años.

Según publicó Infobae, la designación de Lemoine, que cuenta con el respaldo directo de Karina Milei y el titular de la Cámara, Martín Menem, no es un movimiento administrativo menor: representa el paso de una estrategia de repliegue a una de control territorial en el Congreso.

Durante los primeros 24 meses de gestión, el oficialismo evitó constituir la comisión para bloquear cualquier intento de destitución impulsado por el kirchnerismo. El único intento previo de reactivación terminó en una fractura interna cuando Marcela Pagano intentó alzarse con la presidencia, lo que derivó en un enfrentamiento abierto con el Ejecutivo y su posterior alejamiento de la mesa de decisiones.

La desconfianza hacia Pagano se profundizó recientemente tras su intervención "paralela" en el caso de la abogada Agostina Páez en Brasil, donde la diputada articuló gestiones con Alberto Fernández, saltándose los canales de la Cancillería. Con Lemoine —una figura de lealtad probada y perfil combativo—, el Gobierno busca garantizar que Juicio Político funcione como un escudo y no como una amenaza.

La avanzada de Sebastián Pareja

El reordenamiento no se limita a la Cámara Baja. Según trascendió, el oficialismo impulsará a Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Pareja es un cuadro del riñón de Karina Milei y Santiago Caputo. Su llegada a la Bicameral implica un control directo del Congreso sobre el sistema de espionaje y los fondos reservados de la SIDE. Ubicar a "propios" en áreas donde el conflicto institucional suele escalar con rapidez.

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