La vicepresidenta Victoria Villarruel impulsó un nuevo plan de retiro voluntario en el Senado, orientado a empleados, de planta permanente y temporaria, que estén a cinco años o menos de la edad jubilatoria establecida: 65 años en hombres y 60 en mujeres. La medida, que se implementará a través de un decreto presidencial (362/25), toma como antecedente directo una acción aplicada años atrás por Gabriela Michetti durante su paso por la Cámara alta.
La propuesta aparece luego de meses de tensiones entre la conducción del Senado y los propios legisladores por el regreso a la presencialidad y las condiciones internas del personal. Ahora, el beneficio estará disponible por un período de 60 días corridos, a partir de una fecha que será determinada por Recursos Humanos.
¿Quiénes pueden adherirse?
Uno de los aspectos más llamativos del régimen está vinculado a los empleados temporarios. Según el decreto, podrán acogerse quienes formen parte de estructuras orgánicas aprobadas oficialmente y cuenten con al menos dos años de antigüedad. En otras palabras, una puerta abierta con requisitos mínimos para sumarse a un esquema de salida “amistosa” en plena reconfiguración interna de la Cámara alta.
Desde hace semanas, Villarruel viene concretando nuevas designaciones en áreas clave del Senado, un movimiento que, en los hechos, deja atrás el discurso inicial de “oxigenación” y reducción del aparato institucional. Con esta iniciativa, se espera liberar espacios que podrían ser utilizados estratégicamente para futuros nombramientos, en un contexto de negociación silenciosa con los gremios legislativos.
El incentivo económico
Aquellos que se sumen al retiro recibirán una compensación económica especial: una suma no remunerativa equivalente a su salario bruto mensual habitual, más un 10% adicional, por un plazo máximo de 60 meses. Ese monto estará sujeto a los ajustes paritarios correspondientes, e incluirá los descuentos por obra social y aportes sindicales.
Como excepción, el régimen excluye al personal sometido a sumarios disciplinarios o con ausencias injustificadas que puedan dar lugar a sanciones graves.
En los fundamentos del decreto, Villarruel explicó que el plan busca “facilitar la transición a la jubilación” de los trabajadores legislativos, al tiempo que se alinean con objetivos institucionales de eficiencia y modernización. La medida, aseguró, se inscribe en un esquema de administración “transparente, ágil y responsable”.
En el recuerdo queda la experiencia de Gabriela Michetti, cuya gestión encontró en este mecanismo una vía para reordenar la planta del Senado con apoyo sindical. La gran incógnita ahora es cómo evolucionará el vínculo entre Villarruel y los gremios, que en otros tiempos supieron ser combativos, pero hoy operan con un perfil mucho más discreto.
