El bloque de diputados del PRO presentó un pedido de informes tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura bonaerense para que se investiguen los cortes de luz ocurridos durante el fin de semana en la ciudad de La Plata, en plena etapa de cierre de listas electorales. La solicitud se enmarca en el apagón que afectó a la Junta Electoral durante la madrugada del domingo y que, según denuncian, demoró la presentación de listas por parte del peronismo
El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, calificó los hechos como "muy graves" y sostuvo que "no pueden pasar desapercibidos". A través de sus redes sociales, argumentó: "Mientras el kirchnerismo necesita oscuridad para hacer política, nosotros damos la cara y jugamos limpio". El reclamo apunta a esclarecer las condiciones que permitieron los cortes de energía y establecer si hubo negligencia o complicidad política.
La solicitud del PRO
El pedido de informes solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dependiente de la Secretaría de Energía, una serie de precisiones sobre los cortes ocurridos los días 19 y 20 de julio en la capital bonaerense. Exigen saber la cantidad de usuarios afectados, los tiempos de reposición del servicio y si el accionar de la empresa EDELAP, concesionaria del servicio, se ajustó a lo estipulado.
También piden conocer si los organismos públicos implicados contaban con generadores de energía eléctrica, si se registraron fallas o advertencias previas, y qué medidas de fiscalización o sanción se adoptarán ante posibles irregularidades. "Es fundamental entender las causas de estos cortes de energía, evaluar las acciones a tomar para resolver la situación y establecer medidas preventivas que aseguren que eventos similares no vuelvan a afectar el desarrollo de los procesos democráticos", señala el texto.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores remarcaron que EDELAP opera bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), y señalaron que lo ocurrido reviste "especial gravedad institucional" por impactar directamente en "el normal desarrollo de actividades políticas" y por "poner en evidencia la necesidad de garantizar condiciones mínimas de infraestructura para el ejercicio de los derechos cívicos".
