A más de 14 meses del pedido formal de desafuero contra la senadora radical Flavia Delmonte, acusada de liderar una presunta red de “ñoquis” y desviar sueldos de empleados del Senado bonaerense, la Cámara alta provincial, que preside la vicegobernadora Verónica Magario (Frente de Todos), sigue sin contestar ninguno de los requerimientos judiciales. La causa se encuentra empantanada por la inacción institucional de un cuerpo que, lejos de cumplir con su deber, cerró filas en torno a la legisladora de la UCR oriunda del Partido de la Costa.

La Justicia de Dolores remitió el pedido de desafuero a fines de mayo de 2024, luego de que el fiscal Mario Rafael Pérez obtuviera pruebas que vincularían a Delmonte con una maniobra de desvío de fondos públicos a través de contratos falsos, manejados mediante cuentas bancarias controladas de forma remota. El magistrado Diego Olivera Zapiola, juez de Garantías de Dolores, convalidó esa solicitud, que le permitiría a la fiscalía citar a indagatoria a la senadora. Pero el Senado provincial nunca lo trató, nunca lo giró a comisión, y ni siquiera respondió el oficio judicial.

Un boicot institucional a la investigación

El fiscal Pérez, titular de la UFIJ 4 especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se topó con un manto de silencio desde el Senado. Además de ignorar el pedido de desafuero, el cuerpo legislativo tampoco remitió la información requerida sobre el personal contratado por Delmonte ni los nombres que figuran en las planillas del bloque Cambiemos ni de la comisión de Comercio Interior, Pyme y Turismo, que preside la senadora.

Incluso, según consta en el expediente, se negaron a enviar datos generales como los reglamentos de la Cámara que establecen los derechos y obligaciones del personal legislativo. La información que sí remitieron llegó con omisiones y sin firmas ni sellos de autoridad. Para el fiscal, esta conducta deliberada busca “evitar eventuales responsabilidades penales” de quienes operan la estructura administrativa del Senado.

En paralelo, Pérez documentó todas estas irregularidades en el expediente, alertando sobre el impacto de esa obstrucción institucional sobre el proceso judicial. La dilación afecta directamente a los imputados ya procesados, pero también constituye una señal política: en la provincia de Buenos Aires, los fueros parlamentarios siguen funcionando como un escudo de impunidad.

El desdoblamiento de la causa y las pruebas contra la “chocolate radical”

Frente a la parálisis, el fiscal decidió desdoblar la causa. Por un lado, continuará esperando el desafuero o el fin del mandato de Delmonte, que vence en diciembre de 2025. Por otro, elevó a juicio oral la situación procesal de Kevin Alan Razimoff, principal asesor de la legisladora, y solicitó el sobreseimiento de otro colaborador, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes.

Las pruebas reunidas durante la investigación apuntan a un sistema aceitado de recaudación a través de contratos truchos, donde personas designadas en planta cobraban sueldos sin prestar servicios. Una de las víctimas, Tamara Yanina Arce, excuñada de Delmonte, fue quien denunció el esquema. Arce contó que se le ofreció un contrato en el Senado a cambio de devolver mensualmente una suma fija, supuestamente para mantener la obra social y los aportes jubilatorios.

A través de su cuenta sueldo, operada a distancia desde computadoras del Senado o desde domicilios particulares de Razimoff (en Gonnet –partido de La Plata- y San Bernardo –partido de La Costa-), se intentó gestionar incluso un préstamo personal de $252.000, según verificaron expertos informáticos. El homebanking estaba habilitado con el usuario “flaviadelmonte2015”.

Además, el seguimiento judicial del teléfono de Razimoff –no de Delmonte, como ella denunció falsamente– permitió descubrir reuniones entre ambos y comunicaciones que fortalecen la hipótesis del vínculo directo de la senadora con el esquema delictivo. Razimoff negó todas las imputaciones, al igual que la legisladora, que en su defensa alegó persecución política y un intento de proscripción judicial.

Una legisladora bajo sospecha y un Senado en silencio

Delmonte sostiene que la causa fue armada para perjudicar su carrera política. “Yo era la candidata natural para la intendencia del Partido de la Costa, pero esta causa se armó para afectar mi candidatura”, declaró. También criticó al fiscal Pérez, a quien acusó de haberla seguido con la Policía Federal, hecho que fue desmentido en el expediente: los seguimientos apuntaban a Razimoff, no a ella.

Desde el entorno de Delmonte aseguran que la denuncia de su excuñada tiene motivaciones personales, originadas en el contexto de su divorcio. Sin embargo, las evidencias reunidas en el expediente no se reducen a testimonios aislados. La fiscalía ya indagó a media docena de empleados que cobraban sin trabajar, a través de un esquema que tendría como beneficiaria directa a la senadora radical.

La causa no es la única que expone irregularidades en la Legislatura bonaerense. En la Cámara de Diputados, la investigación contra el puntero massista Julio “Chocolate” Rigau reveló una trama similar de recaudación a través de tarjetas de débito de empleados fantasmas. En ese expediente se investiga también a Claudio y Facundo Albini, responsables de la nómina del Frente Renovador, y la operatoria ya llegó a Casación penal bonaerense.

Ambos expedientes –el de Rigau y el de Delmonte– revelan una matriz compartida en el uso de fondos públicos para fines personales o partidarios. Pero mientras la causa de Rigau provocó un revuelo político y mediático que forzó avances judiciales, la de Delmonte se topó con un cerco de protección en el Senado.

El poder de los fueros y la justicia que espera

Para la Justicia de Dolores, no hay margen para avanzar sin el desafuero. El fiscal Pérez pidió formalmente esa medida el 20 de febrero de 2024, y el juez Mancinelli –entonces subrogando el juzgado de garantías de Villa Gesell– ordenó su tramitación. Tres meses después, Olivera Zapiola ratificó el pedido, que el Senado bonaerense jamás trató.

El silencio institucional que rodea a la senadora radical no sólo expone la complicidad política en torno a los privilegios parlamentarios, sino que también vulnera el principio de igualdad ante la ley. El cuerpo legislativo a cargo de la vicegobernadora Magario no respondió ninguno de los oficios, ni siquiera para comunicar que el tratamiento del pedido de desafuero no avanzará.

Así, en la Cámara alta bonaerense, el pedido judicial duerme sin estado parlamentario, sin comisión que lo trate, sin despacho que lo eleve al recinto. La opacidad es total, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. En los pasillos del Senado, reina el silencio.

Corrupción multipartidaria, impunidad compartida

Las causas Delmonte y Rigau reflejan un patrón: corrupción sistemática, abuso de fueros, silencio institucional. Dos dirigentes de espacios distintos –la UCR y el Frente Renovador– pero con un mismo modus operandi, un mismo blindaje político, y una misma consecuencia: la imposibilidad de avanzar judicialmente contra quienes gozan de protección parlamentaria.

En este escenario, la pregunta ya no es si hubo delitos, sino si habrá castigo. La Justicia tiene pruebas. El problema es el muro político que impide avanzar. Un muro que, hasta hoy, se levanta con ladrillos de impunidad en el mismísimo corazón de la Legislatura provincial.

La continuidad de Delmonte en su banca hasta diciembre juega a favor de la estrategia dilatoria. Pero la fiscalía sigue reuniendo evidencia, y ya avanzó con el resto de los imputados. Si la senadora no es desaforada, sólo podrá ser indagada y procesada cuando termine su mandato. Hasta entonces, la Justicia espera. Y el Senado calla.