Tras el revés en Diputados, el Senado se encamina a insistir con la ley que obliga al reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional. Gobernadores presionan, el oficialismo maniobra y la oposición busca consolidar una nueva derrota legislativa para el Gobierno.
La Cámara alta se prepara para una sesión de alto voltaje político. Este jueves, desde las 11, el Senado debatirá el veto presidencial a la ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La norma, impulsada por los gobernadores y aprobada por amplia mayoría en julio, fue vetada por Javier Milei la semana pasada. Ahora, la oposición busca reunir los dos tercios necesarios para insistir y dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo.
De Diputados a Senadores
El contexto no podría ser más tenso. El Gobierno viene de sufrir un duro golpe en Diputados, donde se rechazaron los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. La Casa Rosada intenta recomponer vínculos con los mandatarios provinciales, pero los gestos no alcanzan. “El frente de gobernadores sigue firme”, aseguran desde los despachos opositores, aunque reconocen que los recientes giros de fondos encendieron algunas alertas.
En las últimas horas, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, ordenó transferencias por casi $10.000 millones en ATN a Santa Fe, Misiones y Entre Ríos. Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Hugo Passalacqua y Rogelio Frigerio, cuyos senadores votaron a favor de la ley en julio, quedaron en el centro de las especulaciones. También hay dudas sobre las senadoras de Chubut, que responden a Ignacio Torres, otro aliado reciente del Ejecutivo.
La ley de reparto automático de ATN fue aprobada en el Senado con 57 votos afirmativos y solo uno en contra. Para insistir, la oposición necesita repetir esa mayoría agravada, pero cualquier ausencia o cambio de postura podría inclinar la balanza. En Balcarce 50 saben que tienen pocas herramientas para evitar el golpe, más allá de los fondos discrecionales y las promesas de diálogo.
Además del veto, el Senado tratará una serie de proyectos sociales que buscan avanzar antes de la parálisis electoral. Entre ellos, se destaca la “Ley Nicolás”, que propone controles periódicos a los profesionales de la salud para prevenir casos de mala praxis. La iniciativa surgió tras la muerte de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.
También se debatirá la modificación del Código Penal para agravar las penas por muertes causadas por conducción bajo efectos de alcohol o drogas; la incorporación de la atrofia muscular espinal al régimen de detección neonatal; y la regulación por ley del sistema de Alerta Sofía para casos de desaparición de menores, actualmente vigente por decreto.
Con los gobernadores como protagonistas y el Congreso como escenario, el Senado se encamina a una nueva pulseada institucional que podría redefinir el mapa de poder entre Nación y provincias. El resultado será clave para entender si el Gobierno logra sostener su estrategia de veto o si, una vez más, la política territorial le marca el límite.
