Desde las 15, los miembros del directorio de la Central General de los Trabajadores (CGT) se reunirán en la sede de Azopardo.
Moyano anunció que no se van a presentar hoy las nuevas cifras sobre inflación que están elaborando un grupo de economistas que trabajan con la CGT, entre los que hay técnicos nuevos e incluso economistas de renombre que permanecerán en las sombras.
Pero sí se terminará de definir el documento de los 21 puntos que incluye diagnóstico de situación y objetivos en cada una de las áreas de reclamo.
Uno de los puntos que está más avanzado es el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley para subir los topes de las asignaciones familiares que son el pago de una suma fija, mensual o por única vez, que abona ANSES a los trabajadores en relación de dependencia y a los beneficiarios de las Aseguradores de Riesgos de Trabajo en momentos puntuales de su vida: prenatal, maternidad y maternidad Down y ayuda Escolar.
En la Cámara de Diputados ya existe un proyecto idéntico presentado por el líder del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini que duerme el sueño eterno en la Comisión de Presupuesto pero el que quiere ingresar ahora la CGT va a contar con el respaldo de al menos 450 mil firmas de por 6 distritos del país.
Ustedes me dirán, y cuál sería la diferencia si ya hay un proyecto y el oficialismo no lo trata? Que al ingresar como iniciativa popular el congreso está obligado a tratarlo en el recinto, según dispone la Constitución Nacional.
La CGT tiene previsto hacer una movilización fenomenal para exigir que ese proyecto se trate y para pedir nuevas exenciones a los trabajadores de la cuarta categoría, como que los alquileres de sus oficinas puedan ser deducidos de ganancias.
Por supuesto que también estará presente la suba del mínimo no imponible que se pretende que pase de 5.792 a 12.000 pesos.
Cabe recordar que la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, le había puesto fecha a esa medida. «Se va a hacer a fines de junio o principios de julio«, había declarado la funcionaria.
La CGT sabe que sus reclamos difícilmente san escuchados por la Rosada pero quieren que el gobierno «al menos paguen un costo político».
