En una decisión clave para el año electoral, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió que la difusión de videos falsos durante una campaña política puede constituir un delito. Lo hizo al confirmar el procesamiento de una mujer imputada por divulgar piezas manipuladas con fines electorales en 2021. El fallo cobra nueva relevancia tras los recientes videos falsos con inteligencia artificial (IA) de Mauricio Macri y Silvia Lospennato, viralizados antes de las elecciones legislativas porteñas del pasado 18 de mayo.
La CNE consideró que estas prácticas configuran “violencia electoral que distorsiona el debate público” y afectan gravemente el derecho de los ciudadanos a emitir un voto libre e informado. La resolución sienta un precedente judicial frente al uso creciente de herramientas de manipulación digital en contextos electorales.
Un antecedente judicial que ahora impacta en la campaña
El fallo fue emitido en el marco de una causa iniciada en las PASO de 2021, cuando comenzaron a circular en Facebook dos videos falsos del entonces diputado Mario Negri, por entonces precandidato a senador nacional por Córdoba (Juntos por el Cambio). En ellos se lo acusaba, con una voz montada, de haber financiado su campaña con dinero retenido a sus colaboradores en la Cámara de Diputados.
La investigación determinó que la voz no era la de Negri, sino la del diputado Alberto Asseff durante una entrevista de 2020. El video fue producido y difundido por María Victoria Villaver, empleada de una empresa de comercialización de páginas publicitarias. El tribunal confirmó su procesamiento como responsable del delito de “inducción con engaños”, previsto en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que contempla penas de hasta dos años de prisión.
La CNE advierte sobre la violencia digital y los peligros del deepfake
En su fallo, la CNE subrayó que este tipo de contenidos digitales, lejos de constituir una expresión legítima del debate político, “se enmarcan dentro de fenómenos de violencia que distorsionan el debate público”. Afirmó que la campaña de desinformación montada en redes sociales buscó instalar una percepción falsa mediante el uso de perfiles apócrifos, noticias fabricadas y videos manipulados.
“Estas técnicas, incluyendo algoritmos y motores de búsqueda para garantizar alta visibilidad, representan una forma de violencia electoral”, señaló el tribunal. También hizo referencia a los riesgos para los derechos humanos y políticos fundamentales, y remarcó la necesidad de que el Estado garantice la participación democrática sin interferencias como la desinformación o la intimidación.
