Un juez de San Carlos de Bariloche dictó el embargo del salario y el medio aguinaldo de la diputada Lorena Villaverde para cubrir una deuda que supera los $40 millones. La medida responde a una demanda por incumplimiento en la entrega de terrenos vendidos en un desarrollo inmobiliario ubicado en Las Grutas, región rionegrina.
El comprador afectado adquirió un lote en 2022, pero no recibió ni el terreno ni los servicios esenciales acordados, tales como calles internas, agua potable, electricidad y alumbrado público. El embargo preventivo alcanza hasta $27 millones por capital y $13,5 millones por intereses y costas judiciales.
Esta causa se suma a otras presentadas contra Villaverde, incluida una en San Antonio Oeste que reclama más de $30 millones y que también cuenta con un embargo preventivo. En agosto de 2024, un juzgado de esa ciudad había ordenado un embargo por hasta $50 millones contra la diputada.
El historial de la diputada
Villaverde, vinculada al espacio político La Libertad Avanza y con antecedentes judiciales, ha llegado a acuerdos homologados para evitar juicios en casos similares, abonando sumas de $12 millones y $10 millones en cuotas mensuales. En su defensa, alegó que la pandemia retrasó las obras y extendió los plazos de entrega de los lotes.
Antes de 2020, la legisladora comenzó a promocionar lotes en la zona sur de Las Grutas, a orillas del mar en Río Negro. Sin embargo, según los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste, esas tierras están categorizadas como rurales y carecen de habilitación para construcción.
El abogado Lucas Cerro, representante de varios demandantes, explicó en agosto de 2024: “En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización”. Añadió que “los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando”.
Las demandas señalan que el loteo no cuenta con la aprobación formal del municipio, carece de autorización conforme a la ordenanza vigente, no tiene inscripción catastral ni trazado urbano aprobado, ni apertura oficial de calles. Estos factores son fundamentales para obtener permisos de construcción, factibilidad de servicios y la escrituración definitiva.
