La adjudicación de un campamento modular destinado a uno de los mayores proyectos mineros de la Argentina abrió una fuerte controversia entre empresarios nacionales y promotores de inversiones extranjeras. El debate gira en torno a la decisión de importar desde China una infraestructura habitacional para miles de trabajadores que participarán del desarrollo del proyecto cuprífero Vicuña, en San Juan.
El contrato para construir el complejo Batidero quedó en manos de un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdongchi y la firma santafesina RAFA S.A., que presentó una oferta de US$52 millones.
El emprendimiento contempla inicialmente la instalación de 2.500 camas, aunque el esquema de trabajo rotativo elevará la ocupación a entre 3.500 y 5.000 personas. Con el avance de las operaciones, el complejo podría expandirse hasta albergar 6.000 plazas y acompañar una demanda de hasta 12.000 trabajadores.
La infraestructura será importada en forma de módulos prefabricados de acero fabricados por Beijing Chengdong. Se trata de unidades equipadas con mobiliario y electrodomésticos, diseñadas para ser ensambladas rápidamente en zonas de alta montaña y adaptadas a las condiciones climáticas de la cordillera sanjuanina.
La respuesta de CACMI
La decisión generó cuestionamientos de la industria local. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni (CACMI), sostuvo que el impacto económico de la adjudicación excede la diferencia de precios. Según explicó, producir los módulos en el país tiene un costo cercano a los US$1.300 por metro cuadrado, mientras que en China ronda los US$500, a los que se suman unos US$200 por transporte.
Rudoni remarcó que el ahorro obtenido representa apenas una porción mínima frente a la inversión total prevista para Vicuña, estimada en US$18.000 millones hasta 2040. Además, aseguró que una fabricación nacional habría generado alrededor de 400 empleos directos, frente a los cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística de los módulos importados.
El dirigente también cuestionó las condiciones de competencia. Según indicó, las compañías chinas operan con respaldo estatal y acceden a beneficios contemplados por la Ley de Inversiones Mineras. “Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica”, afirmó.
Desde el sector aseguran que existen más de cien empresas argentinas con capacidad para abastecer este tipo de proyectos y recuerdan antecedentes recientes, como la construcción de campamentos energéticos para 1.600 personas y el montaje de hospitales modulares durante la pandemia.
El proyecto Vicuña, impulsado por las compañías Lundin Mining y BHP, es considerado el mayor desarrollo minero de la historia argentina. Su primera etapa demandará una inversión de US$7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría, con una posterior expansión hacia Filo del Sol. El objetivo es alcanzar una producción de 400.000 toneladas de cobre anuales durante 25 años.
