El Congreso de la Nación atravesó una significativa reducción de personal desde el comienzo de la administración de Javier Milei. De acuerdo con los datos oficiales relevados entre fines de 2023 y mediados de 2026, la Cámara de Diputados y el Senado disminuyeron en conjunto su planta en 2.618 trabajadores, lo que representa una baja cercana al 25% respecto de la dotación existente durante el último año del gobierno de Alberto Fernández.
En diciembre de 2023 ambas cámaras reunían 10.275 agentes. Tres años después, esa cifra descendió a 7.657 empleados. Aunque Diputados cuenta con 257 legisladores y el Senado apenas con 72 representantes, ambas instituciones terminaron convergiendo hacia una cantidad de personal muy similar.
El ajuste de la Cámara Baja
La Cámara baja fue la que registró el mayor ajuste porcentual. Su planta pasó de 5.281 trabajadores a 3.824, una reducción de 1.457 personas equivalente al 28% del total. Sin embargo, el recorte no fue uniforme entre las distintas modalidades de contratación. La mayor disminución se produjo entre los contratos de locación de servicios, que se redujeron cerca de un 80%, al pasar de 817 a 167 agentes. También se achicó de manera importante la planta transitoria —integrada principalmente por asesores y colaboradores de los diputados—, que cayó un 39%.
En contraste, la planta permanente no solo se mantuvo, sino que mostró un leve crecimiento. Durante el período analizado incorporó 70 cargos, alcanzando un total de 2.309 empleados con estabilidad laboral.
Desde la presidencia de Diputados señalaron que el ajuste permitió reducir el gasto de funcionamiento del cuerpo y recordaron que durante el primer año de gestión se eliminaron cientos de puestos de trabajo, decenas de cargos jerárquicos y parte de la flota oficial. También explicaron que en 2025 y 2026 el presupuesto continuó ajustándose en términos reales debido a que las partidas crecieron por debajo de la inflación.
Actualmente, cerca del 90% del presupuesto de la Cámara está destinado al pago de salarios. Las dietas de los diputados rondan los 6,1 millones de pesos brutos mensuales, mientras que los haberes del personal varían según la categoría y los adicionales correspondientes. El Senado también avanzó con una reducción de personal, aunque con una estrategia diferente. En ese caso, el ajuste alcanzó las tres modalidades de contratación. La planta total pasó de 4.994 agentes a 3.833, lo que representa una disminución del 23%.
La disminución en Senadores
A diferencia de Diputados, la Cámara alta redujo tanto la planta permanente como la transitoria y el personal contratado. Desde la presidencia del Senado aseguraron que la disminución fue posible gracias a jubilaciones, retiros anticipados y renuncias, además de otras medidas de reorganización administrativa. Según las autoridades, el ahorro acumulado durante la gestión asciende a 27.000 millones de pesos.
En paralelo, los senadores continúan percibiendo remuneraciones superiores a las de los diputados. Desde agosto, las dietas brutas superan los 12 millones de pesos mensuales debido al mecanismo que vincula sus aumentos salariales con las paritarias del personal legislativo.
El relevamiento también muestra diferencias en la cantidad de asesores asignados a cada senador. Entre quienes cuentan con más colaboradores aparecen José Mayans y Carolina Moisés, con 28 empleados cada uno, mientras que representantes de La Libertad Avanza, como Joaquín Benegas Lynch y Agustín Monteverde, figuran entre quienes tienen menos personal asignado.
Otro aspecto que surge del informe es la menor disponibilidad de información pública sobre la distribución de los empleados legislativos. En Diputados ya no es posible identificar desde el sitio oficial qué trabajadores prestan funciones para cada legislador o bloque político, ya que únicamente se publica un listado general del personal. En el Senado, si bien esos datos aún pueden consultarse, la información ya no está disponible para descarga masiva y debe revisarse de manera individual.
Los cambios en la publicación de estos datos fueron justificados por las autoridades como una forma de adaptarse a la dinámica interna de ambas cámaras, aunque también dificultan el seguimiento público sobre la asignación del personal legislativo.
