El 20 de febrero Alejandro Zalazar, médico anestesiólogo de 34 años, fue hallado muerto en su departamento de Palermo, en circunstancias que despertaron una profunda investigación judicial. La autopsia reveló que la causa probable de su muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, potentes anestésicos utilizados en entornos hospitalarios.
La escena del hallazgo presentó indicios claros de intervención médica, como una vía conectada en el pie derecho y marcas de catéter en el izquierdo, junto a descartables para inyecciones a su alrededor. Poco después, el Hospital Italiano denunció faltantes de estos anestésicos.
A partir de ello, el juez Martín Sánchez Sarmiento ordenó allanamientos en la vivienda de la víctima, los cuáles finalmente confirmaron que los fármacos encontrados provenían de dicha institución.
Esta tragedia sacó a la luz una oscura trama relacionada con el uso ilícito de drogas hospitalarias en fiestas privadas, conocidas en el entorno como "Propo fest". En estos encuentros exclusivos, un grupo reducido de médicos consumía anestésicos con fines recreativos y sexuales, y se practicaban lo que se denomina "viajes controlados".
De acuerdo a un audio de Whatsapp que se viralizó, quienes pagaban por estos servicios experimentaban estados de relajación extrema bajo la vigilancia de un "controlador" encargado de intervenir en caso de emergencias.
Los acusados
En el marco de la investigación, dos jóvenes profesionales fueron imputados por administración fraudulenta de drogas: Hernán Boveri, anestesiólogo con trayectoria en el Hospital Italiano y reconocido en ámbitos científicos internacionales como TIVAmérica y EuroSIVA; y Delfina Lanusse, médica residente de tercer año en el mismo hospital, egresada de la Universidad Austral, con formación previa en carreras de negocios y experiencia en procedimientos anestésicos.
El fiscal Lucio Herrera les tomó declaración indagatoria a ambos mediante videoconferencias en marzo. Los dos negaron los cargos y anticiparon la presentación de escritos en su defensa. Mientras avanza la causa, se les prohibió salir del país.
La Fiscalía también investiga la posible comercialización de estos "viajes controlados" en un circuito cerrado de médicos y allegados. Aunque el audio que menciona estas fiestas aún no forma parte oficial de la causa, fue fundamental para orientar las pesquisas hacia estas prácticas privadas.
La instrucción judicial, liderada por el fiscal Herrera y el juez Sánchez Sarmiento, continúa profundizando en el origen y destino de los anestésicos sustraídos, así como en la posible existencia de una red más amplia de consumo y venta ilegal entre profesionales de la salud.
