La Cámara Alta sumó un nuevo capítulo de tensión, pero esta vez lejos de los debates legislativos. El escándalo estalló cuando la senadora puntana de La Libertad Avanza, Ivanna Arrascaeta, cercana a la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, fue "pescada" intentando ingresar y tomar posesión de un despacho en el Palacio Legislativo que aún se encontraba bajo la órbita de otro legislador.

El incidente, calificado en los pasillos del Senado como un intento de "caranchear" (término utilizado para describir el aprovechamiento de una situación de debilidad o transición), ocurrió en un contexto de reorganización de oficinas tras los recientes cambios en la composición de la Cámara. Arrascaeta colocó un cartel muy similar a los que se utilizan habitualmente, para intentar llevar a cabo la maniobra.

Malestar en las autoridades

Según testigos y fuentes parlamentarias, la senadora oficialista se presentó en una de las oficinas más codiciadas del edificio con la intención de instalarse, bajo el argumento de que el espacio debía serle asignado por su rol en el bloque libertario. Sin embargo, la maniobra fue detectada antes de que pudiera consolidarse, generando un fuerte malestar no solo en la oposición, sino también en las autoridades administrativas del Senado.

Este episodio no es aislado. La disputa por los despachos es un clásico del folklore político, pero la torpeza del procedimiento —denominada por algunos como una "ocupación de facto"— dejó en una posición incómoda a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien intenta mantener una imagen de orden y respeto a las normas institucionales.

Desde otros bloques calificaron el hecho como una "falta de códigos" y una muestra de la inexperiencia de algunos sectores de la nueva política para manejarse dentro de los protocolos parlamentarios.

Tras ser descubierta, Arrascaeta tuvo que dar marcha atrás, pero el daño a su imagen dentro del cuerpo legislativo ya estaba hecho. El incidente obligó a la seguridad del Senado a reforzar los controles en las áreas de despachos para evitar futuras "incursiones" de legisladores que buscan mejorar su ubicación edilicia sin la autorización correspondiente de la Secretaría Administrativa.