La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada sufrió un impacto sin precedentes cuando la realidad judicial irrumpió en el aislamiento. Efectivos de la DUOF San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaron en los estudios de Telefe, en Martínez, para cumplir con una diligencia procesal: notificar formalmente a la participante Jessica Maciel sobre el avance de una causa penal en su contra.
El procedimiento se realizó bajo estrictas normas de confidencialidad impuestas por el canal. La concursante fue convocada al confesionario y luego trasladada a un recinto privado donde firmó la ratificación de su abogado defensor, Alejandro Cipolla, ante la presencia de las autoridades policiales.
La denuncia
El expediente, que tramita en la Fiscalía Federal N°2 de San Martín bajo la dirección del fiscal Jorge Sica, se inició tras una denuncia de la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. La acusación es alarmante y se basa en testimonios de al menos 15 mujeres trans por hechos que habrían ocurrido hace una década en la zona noroeste del Conurbano.
Puntos centrales de la acusación:
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Explotación en la Ruta 8: Se acusa a Maciel de actuar como proxeneta en el corredor entre José C. Paz y San Miguel.
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Víctimas menores de edad: Margarita Meira, presidenta de la ONG, sostiene que varias de las denunciantes tenían entre 14 y 16 años al momento de los hechos.
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Violencia física: Los relatos describen una "brigada" que atacaba con palos y piedras a quienes mantenían deudas con la organización. "O pagabas o te morías", reza uno de los testimonios.
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Riesgo sanitario: La denuncia incluye relatos sobre inyecciones de aceite industrial en los cuerpos de las víctimas, realizadas presuntamente en la casa de la imputada sin ningún tipo de control médico.
La defensa de "La Maciel"
Desde el interior de la casa, Maciel ha negado sistemáticamente cualquier vínculo con redes de trata. Según su versión, la denuncia es una represalia por su actividad pasada como denunciante de delitos ajenos.
"Jamás en mi vida hice algo así. Nunca exploté a nadie", afirmó la participante ante las cámaras. Según sus palabras, ella misma colaboró en el pasado con la justicia para desarticular bandas criminales y cree que este expediente es un "vuelto" de las personas que terminaron detenidas por su culpa.
La intervención de la Policía Federal fue impulsada por la insistencia del abogado Alejandro Cipolla. El letrado argumentó que la fiscalía no estaba ofreciendo respuestas claras sobre el estado del expediente, lo que vulneraba el derecho de defensa de su clienta mientras ella permanece aislada en el reality.
