La situación judicial y política del concejal de La Libertad Avanza, Alberto Montes, se tornó crítica tras la difusión de las imágenes de una cámara de seguridad que lo muestran cometiendo un abuso contra una compañera de trabajo. El hecho ocurrió en las dependencias de la Dirección de Tránsito de San Isidro, donde ambos se desempeñaban. Lejos de apaciguar el escándalo, el edil libertario desató una ola de indignación comunitaria al intentar justificar su accionar bajo una polémica premisa: “Lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”.
La secuencia grabada registra el momento en que Montes ingresa a una de las oficinas municipales y le da una palmada en los glúteos a una empleada que se encontraba de espaldas realizando sus tareas laborales. La reacción de la mujer fue inmediata y defensiva, respondiendo con un golpe de puño ante la agresión. Sin embargo, en sus declaraciones públicas, el funcionario minimizó la gravedad del acoso y desplazó la responsabilidad hacia una supuesta "difusión política" de las imágenes, argumentando que el caso se utilizó en su contra debido a su condición de candidato en aquel período electoral.
Un millonario acuerdo civil que no frena la vía penal
Para intentar contener las derivaciones judiciales del caso, Montes acordó en el fuero civil el pago de un resarcimiento económico de 12 millones de pesos en favor de la víctima. Según precisaron fuentes al medio Todo Noticias, dicho cronograma de remediación se estructuró en cuotas mensuales que oscilan entre uno y tres millones de pesos, las cuales ya registrarían ciertos retrasos en los pagos. “Hubo un pedido de disculpas y de acuerdo”, se limitó a señalar el concejal ante la consulta periodística del medio, pretendiendo dar el conflicto por cerrado.
No obstante, la estrategia de la defensa encuentra un límite estricto en la legislación vigente: los acuerdos económicos en el ámbito privado no extinguen la acción pública en delitos de integridad sexual. El Juzgado Correccional N° 5 mantiene formalmente abierta la causa penal bajo la carátula de Abuso Sexual, y tanto la fiscalía como la querella avanzan de manera decidida hacia la obtención de una condena. Al haberle denegado previamente el pedido de sobreseimiento, la Justicia determinó que Montes deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo mes de octubre para enfrentar un juicio oral y público.
Cuestionamientos presupuestarios y silencio en el recinto
El escándalo también salpicó la faz financiera del legislador local y encendió las alarmas en el Concejo Deliberante. La oposición comenzó a auditar las declaraciones del edil, puesto que Montes percibe un sueldo neto de dos millones de pesos por su banca y posee incompatibilidad legal para ejercer otras actividades comerciales. Ante este escenario, diversos bloques vecinales se preguntan de qué manera el imputado afrontará cuotas resarcitorias que superan su propio ingreso mensual, llegando a picos de tres millones de pesos.
Desde el arco político opositor, la concejal Estefanía Rivadulla (Fuerza Patria) cuestionó con dureza la parálisis institucional del cuerpo deliberativo: “No podemos hablar de valores y respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a la comunidad”. Pese a los pedidos de apartamiento y las fuertes críticas de los distintos espacios, Montes permanece en su banca amparado en su teoría del "malentendido de campaña", mientras el proceso judicial avanza hacia una sentencia penal que, a diferencia de los daños civiles, no se podrá saldar en cuotas.
