La Policía de Tucumán está envuelta en un escándalo tras revelarse que detenidos alojados en una comisaría eran sacados de los calabozos para trabajar como albañiles en la casa de veraneo de un alto mando. El caso derivó en la expulsión inmediata del jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte y en la detención de cuatro involucrados, en un episodio que dejó en evidencia manejos irregulares dentro de la fuerza.
La situación salió a la luz gracias a llamados anónimos dirigidos al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quienes alertaron que personas privadas de su libertad estaban realizando tareas de construcción en una propiedad vinculada a Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte. Apenas recibió la denuncia, el funcionario informó al gobernador Osvaldo Jaldo y ambos solicitaron la intervención de la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para iniciar una investigación urgente.
A partir de la recopilación inicial de pruebas, se decidió la expulsión inmediata de Beltrán y de su segundo, el comisario Sergio Juárez. Ambos fueron apartados de la fuerza sin derecho a retiro ni disponibilidad, una sanción que impacta directamente en sus posibilidades de acceder a la jubilación policial. La decisión repercutió con fuerza, ya que la Unidad Regional Norte tiene bajo su jurisdicción distritos claves como Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena.
El decreto firmado por Jaldo y Agüero Gamboa destaca que las “conductas incompatibles con la función policial afectan gravemente la confianza de la sociedad”, marcando así la postura oficial ante el escándalo. La investigación preliminar reveló que, al menos, cuatro detenidos —entre ellos condenados por abuso sexual— eran llevados periódicamente a trabajar en la obra.
Los internos eran trasladados en móviles policiales y los agentes encargados de su custodia también participaban en la construcción, desatendiendo sus funciones. Sobre este punto, una fuente de la fuerza fue contundente: “En estos casos no aplica la obediencia debida. Nadie puede callarse si ve semejantes irregularidades”. Además, recordó que los presos solo pueden salir con autorización judicial y que cada movimiento debe quedar asentado en los libros de guardia.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, calificó la situación como “muy grave” y adelantó que los responsables enfrentarán consecuencias penales, además de una depuración interna para evitar que casos similares vuelvan a repetirse.
La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, quien fue citado a la oficina de Recursos Humanos y quedó arrestado tras varias horas de espera. Por su parte, Juárez se presentó voluntariamente, entregó su celular y quedó bajo investigación para determinar si incurrió en omisión al no denunciar las maniobras de su superior.
