La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia formal contra Unicoin Inc., una empresa radicada en Nueva York que captó millones de dólares promoviendo criptoactivos a través de lo que el organismo considera una campaña de engaños y falsas promesas. La compañía, que atrajo a más de 5.000 inversores, es acusada de manipular datos, inflar el valor de sus activos y realizar afirmaciones fraudulentas en torno a los certificados de derechos vinculados a los denominados “tokens Unicoin”.
Una de las figuras centrales en la causa es Silvina Moschini, empresaria argentina de 53 años, quien ocupó la presidencia de Unicoin y actualmente forma parte de su directorio. De acuerdo con el expediente presentado por la SEC, tanto Moschini como otros ejecutivos habrían tenido un rol activo en una estrategia diseñada para atraer capitales mediante información deliberadamente engañosa.
Aprovechamiento de la confianza
El director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, Mark Cave, se expresó con dureza al respecto: “Nuestra denuncia sostiene que Unicoin y sus líderes aprovecharon la confianza de miles de personas, prometiendo que sus tokens estarían respaldados por activos tangibles, principalmente propiedades inmobiliarias de alto valor a nivel global. Pero la realidad es que estos activos nunca alcanzaron ni remotamente las cifras que se promocionaban”.
Entre las acusaciones más severas, la SEC sostiene que la empresa publicitó ventas por más de 3.000 millones de dólares en certificados, cuando la verdadera recaudación apenas alcanzó los 110 millones. Además, aseguraban que los productos ofrecidos estaban debidamente registrados ante las autoridades estadounidenses, algo que fue desmentido categóricamente por el organismo regulador.
El alcance de la campaña de Unicoin fue masivo: desde spots en televisión y redes sociales hasta carteles en aeropuertos y taxis en Nueva York, la empresa utilizó una imagen de solidez y modernidad para seducir a potenciales compradores. Bajo el lema de ser una criptomoneda de “nueva generación”, supuestamente segura, estable y rentable, lograron atraer la atención de pequeños y medianos inversores de distintas partes del mundo.
El proceso judicial todavía está en sus primeras etapas, pero el impacto ya se siente en el ecosistema financiero vinculado a los criptoactivos. La denuncia representa un nuevo capítulo en la creciente vigilancia de las autoridades estadounidenses sobre el sector cripto, en un intento por proteger a los inversores frente a prácticas fraudulentas en un mercado que, si bien innovador, continúa expuesto a graves riesgos por la falta de regulación clara.