La incertidumbre y el dolor se hicieron visibles este viernes en el barrio porteño de Retiro, donde familiares de los rehenes argentinos secuestrados en Venezuela se concentraron frente a la sede de la Nunciatura Apostólica. El objetivo claro fue solicitar la intervención del Vaticano para acelerar la liberación de quienes aún permanecen detenidos en condiciones denunciadas como ilegales.
La manifestación estuvo encabezada por María Alexandra Gómez y Virginia Rivero, esposas del gendarme Agustín Nahuel Gallo y del abogado Germán Darío Giuliani, respectivamente. Ambas entregaron un comunicado dirigido al papa León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en el que pidieron una mediación directa ante el régimen chavista.
“La Iglesia no puede ser tibia”
En el texto, las familias apelaron a la tradición humanitaria de la Santa Sede y reclamaron medidas urgentes para garantizar la integridad física y psicológica de los rehenes. Gómez fue contundente: “La Iglesia católica no puede ser tibia; queremos que esté del lado de las víctimas y alce la voz en defensa de los derechos humanos. Aún hay más de 900 personas secuestradas en Venezuela. Su libertad debe ser un clamor mundial”.
Rivero, por su parte, subrayó la lentitud del proceso de liberaciones: “Hace dos semanas prometieron las excarcelaciones de los presos políticos y lamentablemente vemos que avanzan muy lentamente, a cuentagotas, sometiendo a los familiares a una angustia e incertidumbre permanente”.
Las familias remarcaron que la preocupación se agrava por los informes de ONG y organismos internacionales que alertan sobre detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Desde el 8 de enero, organizaciones opositoras y de derechos humanos verificaron entre 154 y 170 excarcelaciones, cifra menor a la reportada oficialmente por el gobierno de transición venezolano. Además, no se han brindado detalles sobre las identidades ni las condiciones de los liberados.
Reclamo compartido en Venezuela
La protesta en Buenos Aires se replicó en territorio venezolano. En las afueras de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, familiares de presos políticos mantienen una vigilia permanente. Allí, Mayerlin González, esposa de Ebro Leonardo Delgado Briceño, expresó: “No estamos tranquilos. Cada día aumenta más nuestro desespero y nuestra incertidumbre”.
González, junto a una veintena de familiares, duerme en carpas y colchones improvisados frente al penal, donde aún permanecen 91 presos políticos según la ONG Foro Penal. Aunque celebran cada liberación, insisten en que la mayoría sigue esperando. En la misma línea, Betzaida Márquez Vargas, madre de Douglas Marchán, detenido en agosto en el aeropuerto de Maiquetía, afirmó: “Cada persona que salga es una alegría, un triunfo. Pero nuestros hijos siguen allí y no tenemos respuesta”.
