La justicia federal de La Plata dictó el procesamiento de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en la causa que investiga la muerte de 96 pacientes tras recibir fentanilo adulterado. El juez Ernesto Kreplak también procesó a otros directivos vinculados y estableció un embargo patrimonial histórico de un billón de pesos.
Furfaro fue imputado como coautor penalmente responsable de adulterar sustancias medicinales que provocaron al menos 20 fallecimientos, en concurso real con adulteración peligrosa para la salud, enfrentando una pena que podría alcanzar los 25 años de prisión. Su madre, Nilda García, también fue procesada y, aunque está con prisión preventiva, obtuvo prisión domiciliaria por razones de salud.
El expediente se sustenta en el artículo 201 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 10 y 25 años para quienes causen muertes por envenenamiento o adulteración de alimentos o medicamentos. Este caso se configura como uno de los más graves en la historia de la industria farmacéutica argentina.
Antecedentes
El historial judicial de Furfaro incluye una condena en 2002 por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante, con una pena de siete años. Tras cumplirla, se dedicó al sector farmacéutico, expandiendo su negocio con varias empresas, entre ellas HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
Además del procesamiento por el caso del fentanilo, Furfaro enfrenta otra investigación por contrabando agravado, relacionada con la declaración aduanera de maquinaria importada desde China a un valor diez veces superior al real, por US$5 millones en lugar de US$500.000.
Un informe clave del Instituto Malbrán reveló fallas sistemáticas en la producción de los lotes de fentanilo HLB 31202 y 31244. Los especialistas describieron los procesos como “poco robustos e inconsistentes” y destacaron que la práctica de rescatar ampollas rechazadas evidenciaba un control de calidad insuficiente.
El informe también identificó un aumento progresivo en los defectos de sellado de las ampollas, comprometiendo la esterilidad del producto y exponiendo a los pacientes a riesgos de infecciones graves. Asimismo, se detectó la práctica de “pooling” de hasta ocho lotes en un mismo ensayo de esterilidad, lo que infringe las Buenas Prácticas de Fabricación y dificulta rastrear contaminación, aumentando el riesgo de falsos negativos.
Entre las bacterias encontradas en las ampollas contaminadas se hallaron especies letales como Ralstonia mannitolilytica, capaz de causar sepsis en pacientes inmunocomprometidos, y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, una cepa multirresistente a antibióticos potentes. Las muestras tomadas a pacientes coincidieron genómicamente con las recuperadas en los lotes incautados.
