El caso del fentanilo mortal, vinculado a la adulteración de medicamentos que causó la muerte de 140 pacientes, ha generado una conmoción en los tribunales federales a raíz de la incorporación de un inédito dream team legal. La defensa de los principales procesados y detenidos del clan García Furfaro ha logrado unir en la misma estrategia a figuras de extremos políticos opuestos y a letrados asociados a casos de alto voltaje, incluyendo el narcotráfico.
El nuevo equipo que patrocina a Diego García y Javier Martín Tchukrán incluye a Marcos Aldazábal, abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra, y a su socia, Elizabeth Gómez Alcorta, quien fue ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández. Estos penalistas asumieron la defensa de Diego García, hermano de Ariel García Furfaro, principal sospechoso y propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.
Socio de Francisco Oneto
En una demostración de la complejidad de la trama judicial, el nuevo abogado de Javier Martín Tchukrán es Roberto Rallin, cuyo estudio mantiene vínculos con La Libertad Avanza (LLA). Rallin es socio de Francisco Oneto, actual asesor legal de Javier Milei y, notablemente, co-defensor del empresario Federico "Fred" Machado, acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Esta confluencia de letrados vinculados tanto al kirchnerismo como al entorno presidencial de LLA y al narco-empresario Machado despertó gran suspicacia en el juzgado a cargo de Ernesto Kreplak, que sigue acumulando pruebas contra los catorce procesados por la elaboración y distribución del medicamento contaminado.
Mientras tanto, el empresario Ariel García Furfaro, quien llegó a integrar una comitiva oficial del gobierno anterior para negociar la vacuna Sputnik V, continúa siendo defendido exclusivamente por Gastón Marano, quien ahora se concentra en la estrategia del principal acusado. La trama se concentra en la apelación de los procesamientos dictados por el juez Kreplak, en base a un informe clave del Instituto Malbrán que detectó fallas graves y "riesgos significativos" en la cadena de producción del fentanilo adulterado en los laboratorios de García Furfaro.
