El diputado nacional Fernando De Andreis y mano derecha de Mauricio Macri cargó con fuerza contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que su permanencia en el Gobierno de Javier Milei constituye “un obstáculo para Argentina”. En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene en el centro de la tormenta política, el representante de Juntos por el Cambio/PRO advirtió que el funcionario no está dando la altura de la situación ni asumiendo la responsabilidad compatible con el cargo que ocupa.
De Andreis cuestionó la capacidad de Adorni para explicar de forma clara su patrimonio y la financiación de sus lujosas propiedades, obras en country privadas y pagos en efectivo que se han filtrado en la causa. "Tiene que dar explicaciones en la Justicia ya la sociedad. No ha tomado la dimensión del lugar que ocupa y no está explicando bien la situación", sostuvo el legislador, en línea con las críticas que multiplican dentro y fuera del oficialismo.
El desgaste político para el Ejecutivo
El diputado remarcó que el caso trascendió la esfera de lo personal y se convirtió en un factor de desgaste político para el Ejecutivo, especialmente en un contexto de baja aprobación de la gestión de Milei y de creciente presión por transparencia en el uso de recursos públicos.
En paralelo, De Andreis adelantó que el bloque del PRO no acompañará la interpelación al jefe de Gabinete que se discute en el Congreso, una maniobra que busca obligar a Adorni a permanecer en el recinto para dar explicaciones sobre la causa judicial. El diputado explicó que entienden que el espacio institucional adecuado para el debate de fondo sigue siendo la Justicia, y que el debate político debe limitarse a la presión sobre la continuidad de un funcionario que, a su juicio, ya no reúne las condiciones de credibilidad mínimas para seguir al frente de la gestión de gabinete.
El mensaje de De Andreis refleja la tensión dentro de la oposición durante la crisis de la “Adornigate”: por un lado, el reclamo de responsabilidades y transparencia, y por otro, la decisión de no potenciar la interpelación parlamentaria como herramienta de presión, dejando que el foco siga en la investigación judicial y en la opinión pública.
