La justicia federal de Caleta Olivia dictó el procesamiento contra una empleada del Banco Nación, acusada por delitos de fraude contra la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. La imputada realizó extracciones ilegales en cuentas de ahorristas, causando un perjuicio económico de 948.600 pesos a siete clientes de la sucursal local.
La causa fue impulsada por la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, a cargo del fiscal Lucas Colla, y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, cuando la trabajadora ejecutó movimientos no autorizados que beneficiaron su patrimonio personal.
El caso comenzó tras la detección de movimientos sospechosos por parte del Banco Nación, que alertó sobre la conducta irregular de la empleada. Según el banco, las extracciones se hicieron “sin la autorización de los titulares y en beneficio propio”, argumento respaldado por videos de seguridad y análisis de las operaciones bancarias.
Ante la denuncia, el Ministerio Público Fiscal solicitó en marzo de 2024 la indagatoria de la acusada. El juzgado federal destacó que las maniobras ilegales respondieron a un plan sistemático para obtener ganancias personales, aprovechando la confianza depositada en el personal y manipulando el sistema interno de la entidad.
La calificación legal de los delitos se fundamenta en que Banco Nación es una entidad estatal, por lo que su personal está bajo la figura de funcionario público. La acusada utilizó sus credenciales y el acceso interno para ejecutar las extracciones, valiéndose de las autorizaciones que el sistema operativo exige para realizar transacciones, aunque de manera fraudulenta.
En un intento por reparar el daño, la empleada y sus abogados propusieron un acuerdo de conciliación con el banco por 3 millones de pesos, una cifra que superaba ampliamente el monto defraudado. Inicialmente, el juzgado homologó este acuerdo, lo que podría haber limitado la acción penal.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría objetaron la homologación. El fiscal Colla apeló la decisión argumentando que se trataba de una “valoración discrecional y selectiva de la prueba y de la ley aplicable” y que estos hechos afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales, en línea con compromisos internacionales asumidos por Argentina para combatir la corrupción.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con los votos de los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, revocó la homologación del acuerdo y respaldó la posición del fiscal. Los magistrados enfatizaron la gravedad institucional de los hechos, al tratarse de actos de corrupción dentro de una entidad financiera estatal.
El fallo judicial remarcó que “las maniobras reprochadas tuvieron su origen en un beneficio económico para la imputada y se realizaron en perjuicio de clientes, como así también de la institución bancaria”. Además, destacó el uso de la estructura interna del banco para evadir controles y facilitar las extracciones.
Como medida cautelar, se impuso un embargo de 5 millones de pesos sobre los bienes de la imputada, monto que cubre ampliamente el daño causado. La causa continúa bajo la jurisdicción del juzgado federal de Caleta Olivia y la Fiscalía.
