El Gobierno decidió suspender temporalmente la auditoría que se estaba realizando sobre las pensiones por discapacidad en el país, a la vez que frenó las bajas de beneficiarios mientras se desarrolla una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que estaba a cargo del proceso.
Esta medida fue adoptada tras la intervención de la ANDIS, luego de que se difundieran audios de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en los que reconocía una supuesta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos.
El detalle
Hasta el momento, la ANDIS había dado de baja a 128.667 beneficiarios con irregularidades detectadas en la gestión de Spagnuolo. De este total, 110.522 correspondían a pensiones otorgadas con documentos repetidos o inconsistentes, como radiografías o ecocardiogramas idénticos; 8.107 eran personas fallecidas y 10.038 casos correspondían a renuncias voluntarias.
Manuel Adorni, vocero oficial, había señalado que la revisión era un proceso progresivo que alcanzaría a más de un millón de casos. Sin embargo, a raíz de las denuncias de corrupción, se decidió no solo detener las bajas sino también reexaminar las suspensiones ya realizadas.
Durante esta etapa, no se enviarán nuevas citaciones ni se avanzará con controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios que perciben la pensión por invalidez laboral.
Posteriormente, las autoridades aclararon que “técnicamente el procedimiento de baja o altas de pensiones no se pausó”, ya que la ANDIS “sigue trabajando”, pero que cualquier decisión definitiva dependerá de los resultados de la auditoría.
Además, quedó descartada por el momento la posibilidad de transformar la ANDIS, un organismo descentralizado con autonomía presupuestaria, en una dependencia directa del Ministerio de Salud. Esta reforma había sido considerada para transparentar las licitaciones y controlar mejor las compras.
Una dificultad para avanzar en esta modificación radica en que el Gobierno no cuenta con las facultades delegadas en materia administrativa que permitían cambios rápidos en organismos descentralizados, por lo que cualquier reforma debería pasar por el Congreso.
El rechazo en el Senado
En ese marco, la oposición logró desactivar un veto presidencial y aprobó nuevamente la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. La norma también actualiza las pensiones no contributivas, aranceles y compensaciones económicas.
La iniciativa recibió un amplio respaldo con 63 votos a favor, incluyendo kirchneristas, radicales, macristas y bloques provinciales, y solo siete votos en contra. El presidente Javier Milei, en tanto, expresó que la medida impacta negativamente en el equilibrio fiscal y planea judicializarla para evitar la aplicación de los aumentos previstos.
