La investigación por la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años que se quitó la vida el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos, dio un paso fundamental hacia el desmantelamiento de una red de extorsión organizada. Según las autoridades detuvieron a Karen Yael Cufré, una empleada de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón, bajo la sospecha de integrar el brazo logístico de una organización criminal con base en las cárceles de Magdalena y Olmos.
Cufré cumplía funciones en la Central de Monitoreo Descentralizada de Villa Sarmiento. Según los indicios presentes en el expediente judicial, la mujer no solo brindó apoyo operativo a los delincuentes, sino que existe la sospecha de que parte de las llamadas extorsivas dirigidas al joven se originaron dentro de la propia dependencia municipal.
La estrategia
La red delictiva utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas. Una vez que obtenían contenido sensible o iniciaban una conversación, los criminales se hacían pasar por funcionarios policiales. Bajo la amenaza de una denuncia inexistente, exigían transferencias de dinero constantes para "frenar" procesos legales ficticios.
El calvario de Rodrigo Gómez duró menos de 24 horas, pero la intensidad del hostigamiento resultó insoportable. En su carta de despedida, el soldado dejó constancia del engaño: "Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas". Su padre confirmó que la presión comenzó al mediodía del 15 de diciembre y terminó con el trágico desenlace en la madrugada siguiente.
La respuesta del Municipio
Ante la gravedad de los hechos, el Municipio de Morón emitió un comunicado donde informó la cesantía inmediata de Cufré. La exfuncionaria ingresó a la gestión en 2025 como personal temporario y, al momento de su contratación, no presentaba antecedentes penales. La administración local ratificó su plena colaboración con la Justicia para esclarecer la posible utilización de recursos públicos en el esquema de extorsión.
La Justicia Federal, bajo la supervisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, logró identificar a los cabecillas dentro de las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos. El esquema de funcionamiento incluía:
- Llamados desde el penal: Reclusos encargados del contacto inicial y la amenaza.
- Apoyo externo: Personas como Cufré que facilitaban la infraestructura o información.
- Red de cobro: El dinero se transfería a cuentas de mujeres vinculadas a los internos y luego se retiraba en efectivo para borrar el rastro financiero.
