En un movimiento estratégico que busca profundizar el recorte del gasto público nacional y transferir la responsabilidad operativa a los distritos locales, el Gobierno nacional habilitó a nueve provincias para que se hagan cargo de la gestión, el mantenimiento y la futura concesión de diversas trazas de la red vial nacional que atraviesan sus territorios.
Esta medida, formalizada por la Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad, representa un cambio drástico en la política de obra pública: el Estado Nacional deja de ser el administrador directo para convertirse en un ente de control, cediendo la "llave" de las rutas a los gobernadores. Las provincias son: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz
El decreto que habilita el traspaso
El Gobierno nacional oficializó el decreto 253, publicado este viernes en el Boletín Oficial, mediante el cual habilitó a nueve provincias a asumir la gestión de tramos de rutas nacionales. La medida les otorga la responsabilidad sobre la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de esos corredores.
De todos modos, el Estado conservará la titularidad y podrá retomar el control cuando lo considere necesario. En ese sentido, el texto oficial aclara: “Las facultades delegadas se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados”.
Las claves del nuevo esquema vial
El convenio permite que las provincias no solo mantengan las rutas, sino que también implementen sistemas de concesión privada y cobro de peajes para financiar las mejoras necesarias. Algo históricamente ligado al Gobierno Nacional, por costos de mantenimiento y obras de infraestructuras necesarias. Lo cierto es que la gestión libertaria se libra de esta manera de un control clave para la vida de los argentinos. Los puntos centrales son:
Autonomía de gestión: Cada provincia podrá decidir si opera las rutas a través de empresas estatales locales o si llama a licitaciones internacionales para que privados asuman la inversión a cambio de la explotación comercial.
Fin del financiamiento nacional: Con el freno total a la obra pública desde el Tesoro, este traspaso busca evitar el deterioro de las rutas clave para la producción, permitiendo que las provincias busquen sus propios recursos.
Provincias pioneras: Entre los distritos que ya avanzaron en el acuerdo se encuentran provincias con alto flujo logístico y turístico, interesadas en garantizar la conectividad para sus sectores productivos.
