El Gobierno argentino declaró persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán, y le exigió abandonar el país en un plazo de 48 horas, en un gesto que eleva la tensión con Teherán.
Según precisó la Cancillería, “la decisión fue adoptada en respuesta al comunicado iraní que contiene acusaciones falsas e improcedentes contra la República Argentina”. La cartera que conduce Pablo Quirno señaló que las manifestaciones de Irán constituyen “una inaceptable injerencia en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.
Las credenciales de Soltani Tehrani habían sido aceptadas en diciembre de 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández. El anuncio fue difundido por Cancillería y retuiteado por el presidente Javier Milei, subrayando que el diplomático “debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
El conflicto diplomático se profundizó luego de que la Argentina declarara a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista. Este poderoso cuerpo militar depende directamente del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y controla buena parte de las estructuras políticas y económicas de Irán.
El régimen iraní respondió con un comunicado en el que calificó la decisión argentina como “acción ilegal e inapropiada” y la vinculó con la influencia de Estados Unidos e Israel. Además, sostuvo que se trata de un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní” y acusó a Milei y Quirno de convertirse “en cómplices de los crímenes cometidos”.
Desde la Cancillería argentina se insistió en que las acusaciones constituyen “una tergiversación deliberada” y que la decisión se enmarca en la protección de los intereses del país y el cumplimiento del derecho internacional.
En particular, se destacó la “persistente negativa” de Irán a colaborar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA y el “reiterado incumplimiento” de órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables.
El comunicado oficial también calificó como “particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad dentro de la CGRI de personas requeridas por la Justicia argentina. Por ello, el Gobierno enfatizó que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Finalmente, la Cancillería reafirmó que la República Argentina mantiene “su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”, en un mensaje destinado a respaldar su postura frente a Irán y consolidar la defensa de los intereses nacionales en el ámbito diplomático.
