Para combatir las debilidades estructurales que afectan al tendido eléctrico nacional, la administración central oficializó una ambiciosa estrategia de infraestructura energética basada en tecnología de vanguardia. A través de la Resolución 155, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía adjudicó una serie de obras estratégicas que inyectarán USD 700 millones de inversión privada para incorporar sistemas de almacenamiento por baterías de última generación.

La iniciativa, enmarcada en el programa denominado "Alma SADI", permitirá resguardar más de 700 MW de potencia en puntos neurálgicos del territorio. El objetivo principal de estos nodos es funcionar como reservas dinámicas de energía: acumulan electricidad en horarios de baja exigencia y la vuelcan instantáneamente a la red durante los picos de consumo, flexibilizando el despacho y minimizando el riesgo de interrupciones generalizadas en comercios, industrias y hogares.

Reparto federal y las firmas ganadoras

El plan oficial abarca un despliegue geográfico concentrado en las regiones que históricamente presentan mayor saturación y requerimientos de soporte técnico:

• Buenos Aires: Lidera la distribución con un cupo de 185 MW de almacenamiento.

• Nordeste (NEA): La zona de Chaco y Formosa incorporará 161,5 MW, mientras que Misiones y Corrientes sumarán 50 MW.

• Noroeste (NOA): Se adjudicaron 150 MW para robustecer el tendido de las provincias norteñas.

• Región Pampeana y Litoral: La Pampa recibirá 68 MW, el litoral de Entre Ríos 50 MW y el nodo de Santa Fe aportará 36 MW adicionales.

La convocatoria captó un fuerte interés corporativo, registrándose un total de 235 propuestas técnicas que multiplicaron por once la meta gubernamental. Finalmente, la cartera a cargo de María Tettamantti distribuyó los 20 proyectos seleccionados entre cinco consorcios del sector: DQD Energy (8 proyectos), Genneia (7 proyectos), 360 Energy Solar (3 proyectos), Aluar (1 proyecto) e Intermepro (1 proyecto).

El antecedente del AMBA y las metas de mediano plazo

La puesta en marcha de Alma SADI se complementa con la anterior licitación realizada en septiembre de 2025, bautizada como "Alma-GBA". Aquel proceso estuvo enfocado exclusivamente en blindar la estabilidad del Área Metropolitana de Buenos Aires mediante la asignación de 660 MW de potencia con un desembolso privado de USD 540 millones.

Mientras las obras en el conurbano y la capital avanzan a contrarreloj con la meta de estar operativas de cara al próximo período estival, el nuevo esquema federal apunta a estabilizar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el mediano plazo, buscando desactivar la declaración de emergencia energética que aún rige a nivel nacional.