Una organización criminal operaba en la zona sur de la capital salteña, captando alumnas de secundaria para ofrecerlas a clientes adultos. El fiscal federal Eduardo Villalba calificó el caso como de “gravedad inusitada”. Hay cinco imputados, entre ellos un remisero y un menor de edad que identificaba a las víctimas.
La denuncia de una madre, sorprendida por los mensajes sexuales en el celular de su hija adolescente, destapó una red de trata de personas que operaba a plena luz del día en Salta. La organización criminal, integrada por cinco personas, captaba alumnas de una escuela secundaria para explotarlas sexualmente en hoteles de la ciudad. El fiscal federal Eduardo Villalba, a cargo de la investigación, no dudó en calificar el caso como “de una gravedad inusitada”.
La lógica perversa
El esquema tenía una lógica perversa. Un remisero de 63 años, que se ganaba la confianza de las familias trasladando a los estudiantes, era el principal organizador. A su lado, un adolescente de 16 años, compañero de las víctimas, recibía dinero por identificar cuáles eran vírgenes. Esa información era clave: “Por un beso se pagaba $60.000, por sexo oral $80.000 y hasta $200.000 si la víctima aún no había perdido su virginidad”, detalló Villalba ante el juez federal de Garantías, Julio Bavio.
Los encuentros se pactaban en moteles sobre la ruta 26 o en la casa de uno de los clientes. El remisero fijaba la duración: 18 minutos, casi siempre al final del horario escolar, aprovechando las horas libres. Las adolescentes eran obligadas a grabarse en poses sugestivas para facilitar las “ofertas” a los clientes. Según la fiscalía, el conductor ejercía un control psicológico sobre las víctimas, ofreciéndoles dinero, celulares y ropa de marca, pero también amenazándolas con revelar sus secretos a sus padres.
“Este delito cosifica al ser humano. La función del remisero era buscar cuál era la mercadería que los clientes estaban necesitando”, expresó el fiscal en la audiencia. La investigación reveló que algunas víctimas lo veían como alguien que les daba acceso a bienes materiales, mientras otras vivían bajo el miedo constante. “Tenía un arma de fuego y decía que podía usarla, pero con la amenaza del aviso a los padres, para las víctimas ya era suficiente”, agregó Villalba.
Cuando comenzó todo
El caso comenzó en junio de 2024, pero fue desestimado por la justicia provincial pese al secuestro del celular del remisero. Recién este año, la Fiscalía Federal asumió la causa, con apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). En los allanamientos se secuestraron computadoras, juguetes sexuales, marihuana y el vehículo blanco que usaba el remisero para trasladar a las víctimas.
En total, hay cinco imputados: el remisero, tres clientes adultos y el menor de edad, que será juzgado bajo régimen especial. La fiscalía continúa con entrevistas en Cámara Gesell y pericias para identificar nuevas víctimas. La comunidad educativa exige respuestas urgentes, mientras el caso expone una falla estructural en los mecanismos de protección estatal.
