Ian Moche, el niño de 12 años reconocido por su labor en la difusión de derechos del colectivo con discapacidad, presentó una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para exigir el desplazamiento o sanción de la diputada nacional Lilia Lemoine. El planteo invoca la figura de "inhabilidad moral" tras las recientes declaraciones de la legisladora, quien puso en duda el diagnóstico del menor y atacó la integridad de su familia.
La presentación judicial y administrativa cuenta con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. El letrado confirmó a través de sus redes sociales que la denuncia busca que el cuerpo legislativo actúe ante lo que consideran una conducta incompatible con la representación pública. "Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra", señaló Gil Domínguez al hacer pública la estrategia legal que pone el foco en la conducta ética de Lemoine.
El origen de la disputa y la acusación de "lucro"
La controversia estalló luego de que Lilia Lemoine tildara a la sociedad de "hipócrita" y acusara a Marlene Spesso, madre de Ian, de "lucrar con un hijo menor de edad". En sus declaraciones, la diputada sostuvo que la madre lo lleva a los medios "haciéndolo actuar de autista". Estas expresiones generaron un repudio generalizado en organizaciones de salud mental y derechos humanos, al considerar que desestiman una condición neurológica real y vulneran los derechos del niño.
Por su parte, el entorno de Moche sostiene que estas agresiones no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón de hostigamiento. Las críticas de Lemoine no solo apuntaron a la condición del menor, sino que también cuestionaron la salud mental de su progenitora, lo que escaló el conflicto al ámbito de la violencia de género y simbólica.
El hostigamiento denunciado por la familia Moche tiene antecedentes. Meses atrás, el propio presidente Javier Milei vinculó al menor con supuestas "operaciones políticas" del kirchnerismo al criticar los reclamos por los recortes en el área de discapacidad. En aquel momento, la familia denunció violencia simbólica por parte del jefe de Estado, quien utilizó calificativos despectivos hacia el entorno del niño activista.



