En un nuevo paso dentro de su plan de desregulación y apertura al capital privado, el Gobierno nacional formalizó este lunes el inicio del proceso para privatizar Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en la mayoría de los aeropuertos del país. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 1067/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.
La resolución establece que el 100% de las acciones de Intercargo serán ofrecidas mediante una licitación pública nacional e internacional, sin reservar cuotas para trabajadores ni ofrecer participación escalonada. La venta se hará en bloque, de forma inmediata, y con un plazo máximo de ocho meses para completarse.
La estatal que deja de ser monopólica
Intercargo opera desde 1990 como la única prestadora del servicio de rampa en 21 aeropuertos argentinos, incluyendo el transporte de equipajes, asistencia a pasajeros y soporte a aeronaves. A partir del año pasado, y con la llegada del nuevo Gobierno, se comenzó a abrir ese negocio a empresas privadas, lo que terminó por diluir el histórico monopolio estatal. Actualmente, al menos cuatro compañías ya operan en el sector. Los datos manifiestan que entre 2020 y 2023, la empresa recibió de parte del Estado Nacional, un total de $6700 millones de asistencia para asegurar y garantizar el servicio.
En ese contexto, el Ejecutivo considera que la desinversión total del Estado en Intercargo es un paso necesario para “fomentar la competencia y la eficiencia”, en línea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
La privatización será coordinada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, una unidad dependiente de la Jefatura de Gabinete que ya interviene en otros procesos de venta de activos estatales. Dicha agencia será la encargada de supervisar cada etapa, desde la preparación de los pliegos hasta la adjudicación.
Como parte del procedimiento, se deberá rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión vigente, que otorga a Intercargo el derecho a operar los servicios de tierra desde hace más de tres décadas. Además, será necesario realizar una nueva tasación de la compañía, ya que el Tribunal de Tasación de la Nación no logró completar la valuación en tiempo y forma. Para acelerar la operación, se autoriza a contratar a una entidad bancaria pública que se encargue del análisis financiero.
Para asegurar que la transición no afecte las operaciones aeroportuarias, la resolución también asigna responsabilidades específicas a otros organismos. La Secretaría de Transporte deberá confeccionar el inventario actualizado de activos, definir las condiciones de la licitación y establecer las cláusulas que garantizarán la continuidad del servicio.
En tanto, la Subsecretaría de Transporte Aéreo fue instruida para evaluar el impacto del traspaso en la conectividad nacional e internacional, y proponer medidas que preserven el servicio esencial que presta Intercargo, en especial en los principales aeropuertos como Ezeiza y Aeroparque.
Sin acciones para empleados
A diferencia de otras privatizaciones que permiten esquemas de “propiedad participada” para los trabajadores, como es el caso de la empresa estatal AYSA, en este caso no habrá participación accionaria reservada para el personal. El Gobierno resolvió que la venta se realice de forma integral y sin excepciones, justificando la medida en el “contexto de crisis económica” que atraviesa el país, y que exige reducir el peso del Estado en sectores no estratégicos.
Todo el proceso se llevará adelante a través del sistema CONTRAT.AR, la plataforma digital de contratación pública, lo que busca dotar de mayor transparencia a la operación y permitir el acceso igualitario a oferentes nacionales y extranjeros.
