El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, lanzó una dura acusación contra el dirigente Juan Grabois tras los resultados de una fiscalización masiva sobre la red de cobertura alimentaria porteña. Según el mandatario, el sistema funcionaba bajo un esquema de "comedores fantasma" e intermediación irregular.
"El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois", disparó Macri a través de sus redes sociales. La respuesta del referente de Patria Grande no tardó en llegar, quien calificó la acusación como una "denuncia trucha" y desafió al Jefe de Gobierno a dirimir la disputa en los tribunales. El foco de la controversia se centra en el Movimiento Popular La Dignidad, organización vinculada a la UTEP que gestiona varios de los centros bajo sospecha.
Los hallazgos de la auditoría: fallecidos y sueldos de privilegio
La fiscalización, realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, cruzó los listados de beneficiarios presentados por las organizaciones hasta finales de 2025 con los registros oficiales de propiedad y haberes. Los resultados expusieron datos alarmantes sobre quienes recibían asistencia gratuita del Estado:
- Inconsistencias vitales: Se detectaron 454 personas fallecidas anotadas como beneficiarias activas.
- Patrimonio injustificado: El cruce de datos halló a 1.517 personas con dos o más automóviles a su nombre y 196 propietarios de múltiples inmuebles.
- Altos ingresos: La auditoría identificó a 476 personas con ingresos superiores a los $2 millones mensuales, e incluso 18 casos con haberes por encima de los $5 millones.
- Categorías fiscales elevadas: Se registraron 23 inscriptos en las categorías más altas del monotributo (F a J) que figuraban como solicitantes de viandas.
Cierre de comedores
Como consecuencia directa de este informe, el Gobierno de la Ciudad dispuso el cierre de 40 comedores que no pudieron acreditar la entrega efectiva de comida a los vecinos. Asimismo, se suspendieron más de 5.000 raciones diarias que carecían de respaldo documental sobre su destino final.
Gabriel Mraida, titular de la cartera de Desarrollo Humano, defendió la medida como un paso esencial para garantizar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesitan. "Fiscalizar es clave para que nadie juegue con el hambre de la gente", señaló el ministro. Además, destacó que la nueva política busca eliminar a los intermediarios sociales; en esa línea, el Ejecutivo porteño ya reabrió dos comedores bajo gestión directa del Estado tras detectar anomalías en la administración previa.
