Después de tres décadas de impunidad, el juez federal Daniel Rafecas tomó una decisión que podría cambiar el curso de una de las causas más emblemáticas de la historia argentina: el atentado a la AMIA. Con base en la reciente ley de juicio en ausencia, el magistrado resolvió avanzar con el proceso penal contra los diez acusados de planificar y ejecutar el ataque terrorista que en julio de 1994 dejó 85 muertos y más de 150 heridos en pleno corazón porteño.
Se trata de exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah, quienes llevan años prófugos y con pedido de captura internacional. Todos fueron declarados rebeldes hace tiempo, y según el fallo de Rafecas, “a pesar de saber que están siendo buscados”, nunca respondieron a los pedidos de extradición. La medida, impulsada a pedido de la UFI AMIA, es la primera en su tipo que se apoyará en la normativa sancionada este año por el Congreso, que permite juzgar a acusados que eluden de forma sostenida la acción de la justicia.
Una causa atascada y una oportunidad judicial inédita
Los diez acusados, entre ellos Ali Fallahijan, Ali Akbar Velayati, Ahmad Vahidi y Mohsen Rabban, aparecen con alerta roja de Interpol desde 2006. Varios incluso siguen ocupando cargos oficiales en Irán, pero nunca enfrentaron la justicia argentina, que acumuló más de 470 líneas de investigación sin poder llegar al núcleo de la responsabilidad internacional.
En 30 años se celebraron solo dos juicios, en los que se abordaron encubrimientos posteriores al ataque, y de 145 imputados, apenas 15 llegaron a una instancia oral. Para Rafecas, dejar que el expediente continúe empantanado sería equivalente a consagrar la impunidad. Por eso, rechazó las objeciones planteadas por la defensa oficial y habilitó esta vía judicial como respuesta a los familiares, y también a los organismos internacionales que vienen exigiendo avances concretos.
Aunque en un principio circularon teorías diversas, como que los explosivos estaban escondidos en volquetes o materiales de obra, las pericias determinaron que el ataque fue ejecutado con una camioneta Renault Trafic blanca cargada con explosivos y detonada frente a la sede de la AMIA, en la calle Pasteur. La hipótesis central de la fiscalía sostiene que la operación fue planificada desde las altas esferas del poder iraní, con apoyo logístico de Hezbollah, que mantenía células activas tanto en Buenos Aires como en la región de la Triple Frontera.
La resolución del juez Rafecas se conoce poco después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por su responsabilidad en la falta de prevención, investigación y sanción del atentado. La sentencia fue un golpe institucional, y una advertencia: la impunidad también pesa sobre el Estado. En ese contexto, el juicio en ausencia aparece como un recurso excepcional pero necesario. No promete justicia plena, pero sí permite dar un paso firme hacia la verdad judicial, al menos en el plano simbólico y legal.
