Los abogados norteamericanos que representan a la Argentina en el conflicto por YPF apelaron el fallo de la jueza Loretta Preska, mediante el cual buscan suspender la ejecución de la sentencia contra el país.
De esa forma, el Gobierno de Javier Milei apeló el fallo de la jueza neoyorkina con el cual obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de la compañía a fondos buitre y podrían recibir una indemnización de u$s16.099 millones.
La apelación fue presentada sin esperar la decisión de Preska sobre el pedido que hizo la defensa argentina para suspender la ejecución del fallo. El documento fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina. La misma fue realizada antes de conocer la definición de Preska a la solicitud de “stay”, un pedido que el equipo legal que representa a Argentina realizó que busca suspender que se ejecute el fallo mientras avanza la revisión del caso.
En el escrito se explica que la defensa argentina se basó en la presentación que hicieron los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, tomando como referencia unas palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Cómo comenzó el conflicto
El 30 de junio, la jueza Preska dictó un fallo donde obligaba a Argentina a cumplir con la entrega del 51% de las acciones de la compañía petrolera estatal YPF a fondos buitre.
A pesar de ese fallo, el Gobierno argentino solicitó a la magistrada la suspensión del embargo hasta tanto pudiera presentar formalmente una apelación a la medida, teniendo en cuenta lo grave que sería para el país el cumplimiento de la sentencia y el grave perjuicio que ocasionaría.
Por otra parte, en la presentación realizada por los abogados que patrocinan a la Argentina, se explicó que cualquier cambio en la propiedad accionaria de YPF debería contar con la aprobación del Congreso de la Nación, es decir, debería ser tratado por las dos cámaras.
