El juicio por YPF que condenó a la Argentina a pagar con el 51% de las acciones de la compañía a fondos buitre sumó un nuevo capítulo y promete seguir varios rounds más.
En ese sentido, los abogados que defienden los intereses de nuestro país les respondieron a los beneficiarios del juicio, quienes le habían solicitado a la jueza Loretta Preska que ratifique el fallo que obliga a entregar las acciones de la compañía.
Qué dice la carta que enviaron los letrados
En primer lugar, el escrito defiende los intereses argentinos, es decir, señala que si se cumple el fallo nuestro país estaría incumpliendo y violando sus propias leyes, además de perder el control que tiene sobre YPF.
De esta forma el Gobierno trabaja a contrarreloj para suspender el fallo de Preska y evitar cumplir las dos condenas impuestas: la primer de ella es la expropiación de la compañía por US$16.000 millones, en favor de los fondos Burford y Eton Park.
La segunda beneficia a Bainbridge por US$95 millones y, en este caso en particular, cuenta con una sentencia a favor como consecuencia del juicio que realizó en el año 2016.
En qué se basa el pedido de los abogados argentinos
De acuerdo con los argumentos esgrimidos, la defensa de nuestro país insiste en que la expropiación de YPF no es una “disputa comercial ordinaria, sino que representa un asunto sin precedentes, con un fallo de US$16.100 millones, aún apelado”.
Además, los letrados hablan de un “escenario complejo” donde Argentina iría en contra de sus propias leyes, además de “perder el control sobre YPF de forma irreversible”.
Otro punto que señalaron los abogados es que la solicitud de suspensión del fallo no perjudicaría a los demandantes porque, desde el punto de vista argentino, “nuestra legislación impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa”. Esto quiere decir, que no se podrán vender las acciones sin antes pasar por el Congreso de la Nación.
También indicaron que si se entregan de manera inmediata las acciones se afectarían otros actores no involucrados y se podrían activar “cláusulas contractuales adversas para YPF”.
Por último, Argentina argumentó que el fallo que favorece a Bainbridge violaría la Ley N° 26.741 que trata sobre la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.
