La administración de Axel Kicillof volvió a poner sobre la mesa una de las reformas estructurales más ambiciosas de su gestión. El Poder Ejecutivo bonaerense remitió al Senado provincial un proyecto de ley para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), una iniciativa que busca establecer un nuevo marco jurídico para organizar el funcionamiento del sistema sanitario y fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud sobre los distintos actores que intervienen en la atención médica.
El proyecto, acompañado por otro que impulsa la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense para producir medicamentos, vacunas e insumos médicos, constituye el tercer intento del Gobierno provincial para lograr respaldo legislativo a una estrategia que considera central para el futuro del sistema sanitario.
Según explicó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ambas iniciativas forman parte de un mismo proceso de transformación que pretende consolidar una red integrada de atención y ampliar la capacidad del Estado para garantizar el acceso a tratamientos e insumos esenciales.
El mensaje de elevación firmado por Kicillof sostiene que la propuesta se apoya en el derecho a la salud reconocido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino y la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
El Ejecutivo argumenta además que el Plan Quinquenal de Salud 2023-2027 fijó como uno de sus principales objetivos avanzar hacia un sistema integrado, con redes asistenciales capaces de garantizar continuidad de cuidados en todo el territorio bonaerense.
En ese marco, el proyecto plantea convertir esos lineamientos de política pública en obligaciones legales permanentes mediante una ley que regule la organización del sistema sanitario.
El Gobierno sostiene que actualmente la provincia carece de un marco normativo integral que ordene la relación entre hospitales provinciales, municipios, establecimientos privados, obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás actores del sector.
Según la administración bonaerense, esa fragmentación genera dificultades para coordinar políticas sanitarias, distribuir recursos, planificar inversiones y garantizar igualdad en el acceso a los servicios de salud.
Un sistema integrado para coordinar toda la atención sanitaria
La creación del SIPBA constituye el eje central de la reforma. El proyecto define un sistema destinado a organizar la red sanitaria provincial bajo principios de integración, equidad, continuidad de cuidados, calidad asistencial y eficiencia en la utilización de los recursos.
Entre sus objetivos figura garantizar el acceso igualitario a la atención médica, promover la coordinación entre los distintos subsectores sanitarios, fortalecer la vigilancia epidemiológica, asegurar el acceso a tecnologías sanitarias y fomentar la investigación y el desarrollo de recursos locales en materia de salud.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que establece expresamente el no arancelamiento de toda la trayectoria de atención dentro del subsistema público de salud.
También incorpora mecanismos de participación para usuarios y trabajadores sanitarios e impulsa la articulación permanente entre los distintos niveles de gobierno.
El proyecto prevé que el Ministerio de Salud continúe siendo la autoridad de aplicación y fortalezca su función de rectoría sobre todo el sistema sanitario provincial.
Entre otras atribuciones, podrá dictar normas de funcionamiento, establecer criterios para la organización de la red sanitaria, definir estándares asistenciales, ejercer funciones de habilitación, fiscalización y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos. Las sanciones previstas incluyen apercibimientos, multas económicas, clausuras e inhabilitaciones de establecimientos, según la gravedad de cada infracción.
Uno de los artículos incorpora una herramienta que podría tener fuerte impacto sobre la planificación sanitaria. El texto dispone que antes de habilitar nuevos establecimientos de salud, servicios o tecnologías, tanto públicos como privados, deberá obtenerse una aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial que determine la existencia de una necesidad sanitaria para su incorporación.
Según el mensaje de elevación, el objetivo es orientar el crecimiento del sistema en función de criterios de planificación y necesidades epidemiológicas antes que por decisiones exclusivamente comerciales.
La reforma también institucionaliza distintos ámbitos de coordinación ya existentes. Entre ellos aparecen el Consejo de Salud de la Provincia (COSAPRO), los Consejos Regionales de Salud (CORESA), una mesa permanente con financiadores del sistema y otra integrada por sindicatos, colegios profesionales y universidades.
El proyecto asigna a las regiones sanitarias un papel central en la planificación territorial, la organización de la red asistencial y la resolución de problemas vinculados con el acceso a la atención.
Más control sobre obras sociales, prepagas y prestadores
Otro de los capítulos introduce nuevas herramientas de regulación sobre los financiadores del sistema sanitario. El Ministerio de Salud deberá desarrollar mecanismos de evaluación y control de desempeño respecto de las entidades comprendidas en las leyes nacionales de obras sociales, sistema nacional del seguro de salud y medicina prepaga cuando cuenten con afiliados residentes en territorio bonaerense o utilicen establecimientos radicados en la provincia.
Como complemento de esa tarea, el proyecto crea el Registro Provincial de Financiadores de Salud. La finalidad será concentrar y actualizar la información vinculada con la cobertura sanitaria de la población mediante datos aportados obligatoriamente por las entidades financiadoras que operen dentro del territorio provincial.
La administración bonaerense sostiene que esa información permitirá mejorar la planificación sanitaria, evitar superposiciones y optimizar la utilización de recursos públicos.
El proyecto también regula el funcionamiento de la futura Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud. La red estará organizada en tres niveles de complejidad. El primer nivel comprenderá los centros de atención primaria y establecimientos destinados a resolver los problemas sanitarios más frecuentes y de menor complejidad. El segundo nivel estará integrado por hospitales generales y establecimientos con distintas especialidades médicas. El tercer nivel reunirá a los centros de alta complejidad destinados a patologías que requieren procedimientos especializados y tecnología avanzada.
La iniciativa dispone que los establecimientos privados también podrán incorporarse a esa red en las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.
Entre los derechos reconocidos a los usuarios figuran el acceso a los servicios con criterios de equidad y calidad, la protección de la confidencialidad de los datos personales, mecanismos para formular reclamos y garantías de no discriminación por razones económicas, culturales, religiosas, políticas, de género o lugar de residencia.
Digitalización, historia clínica electrónica y gobernanza de datos
Uno de los capítulos más extensos del proyecto está dedicado a la transformación digital del sistema sanitario. La iniciativa crea el Sistema Provincial de Información en Salud (SPIS), concebido como una infraestructura integrada para administrar toda la información sanitaria generada en la provincia.
El sistema comprenderá plataformas digitales, repositorios de datos, recursos tecnológicos, normas de interoperabilidad y estándares de seguridad destinados a facilitar el intercambio de información entre los distintos efectores sanitarios.
El proyecto prevé la conformación de un repositorio provincial integrado de datos sanitarios para tareas de planificación, monitoreo, investigación, evaluación y vigilancia epidemiológica.
También desarrolla el denominado Ecosistema de Integralidad en Salud, basado en estándares abiertos que permitan la comunicación entre los diferentes sistemas informáticos utilizados por hospitales, clínicas y demás establecimientos.
La interoperabilidad será obligatoria para los sujetos alcanzados por la ley y la certificación de conformidad técnica podrá convertirse en requisito para la habilitación de prestadores y para acceder a determinados incentivos financieros.
El proyecto incorpora además la Historia Clínica Electrónica Única de la Provincia de Buenos Aires, los registros nominalizados de vacunación y otros sistemas digitales de gestión sanitaria.
En materia de protección de datos personales, la iniciativa remite a la legislación nacional vigente y obliga a implementar medidas de confidencialidad, seguridad informática, auditoría de accesos, gestión de incidentes y planes de continuidad operativa.
Según los fundamentos del proyecto, el propósito es evitar que la fragmentación tecnológica reproduzca los mismos problemas de coordinación que actualmente presenta el sistema sanitario.
La reforma también propone la creación del Instituto Universitario Provincial de Salud "Floreal Ferrara", destinado a fortalecer la formación inicial y permanente de los trabajadores del sistema de salud, con una oferta académica articulada con las regiones sanitarias y acceso gratuito para los estudiantes.
El laboratorio estatal, la otra gran apuesta del Gobierno
En paralelo con el SIPBA, el Gobierno provincial volvió a presentar el proyecto para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense mediante una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).
La iniciativa busca ampliar la capacidad estatal para fabricar medicamentos, vacunas, productos médicos, insumos sanitarios e ingredientes farmacéuticos activos.
Kreplak explicó que el actual laboratorio Tomás Perón posee una estructura administrativa que, según el Ministerio, limita su desarrollo y dificulta ampliar la producción. Por ese motivo, el Ejecutivo propone un nuevo esquema jurídico que permita mayor flexibilidad administrativa y capacidad de gestión.
El proyecto sostiene que la producción pública permitirá garantizar el abastecimiento de medicamentos estratégicos para el sistema sanitario provincial, establecer estándares de calidad y coordinar la adquisición de insumos esenciales.
Los fundamentos también realizan un análisis del mercado farmacéutico. Allí se señala que la comercialización de medicamentos involucra numerosos actores —laboratorios, distribuidoras, farmacias, profesionales, financiadores y prestadores— cuyos costos impactan sobre el precio final que pagan los usuarios.
Además, sostiene que algunos laboratorios con fuerte participación de mercado poseen capacidad para fijar precios significativamente superiores a los de sus competidores.
Frente a ese escenario, el Gobierno provincial afirma que una empresa pública de producción farmacéutica podría contribuir a evitar sobreprecios cuando existan posiciones dominantes y favorecer un acceso más amplio a medicamentos esenciales. Según Kreplak, experiencias similares funcionan actualmente en provincias como Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Con el envío simultáneo de ambos proyectos, el Ejecutivo busca avanzar sobre dos frentes complementarios. Por un lado, establecer un marco legal que reorganice el funcionamiento del sistema sanitario bonaerense, fortalezca la planificación y mejore la coordinación entre los distintos actores públicos y privados.
Por otro, dotar al Estado provincial de una herramienta para producir medicamentos, vacunas e insumos estratégicos, reduciendo su dependencia de proveedores externos y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Después de dos intentos legislativos sin éxito, la administración de Axel Kicillof volverá a poner ambas iniciativas a consideración del Senado bonaerense con la expectativa de obtener el respaldo político necesario para convertirlas en ley y avanzar con una reforma que modificaría la estructura institucional de la salud pública en la provincia más poblada del país.
