El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentará un proyecto ante la Legislatura provincial para obtener la autorización necesaria que le permita intervenir en las rutas nacionales cuya ejecución se encuentra paralizada desde hace más de dos años, bajo la administración del presidente Javier Milei.
Esta iniciativa tiene como objetivo principal continuar las obras, rescindir contratos o recuperar proyectos detenidos, con especial énfasis en la seguridad de los usuarios que transitan por estas vías. Según afirmó Kicillof en la Sala de Conferencias de Casa de Gobierno el lunes por la tarde: "Necesitamos autorización de la Legislatura y es imperioso para avanzar en estas gestiones".
El listado
Entre las obras más urgentes mencionadas por el gobernador se encuentra la autopista Presidente Perón, que constituye el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), detrás de la General Paz y la ruta 4. Esta obra, que estuvo en negociaciones el año pasado entre los ministros Gabriel Katopodis y Javier Alonso con Patricia Bullrich.
Kicillof aseguró que el Gobierno “estafó” a la Provincia porque se comprometió a transferirla a la órbita provincial y no lo hizo. “A este corredor esencial para la conectividad de PBA le faltan 5 kilómetros para quedar terminado pero está sin iluminación, totalmente abandonado, y no podemos intervenir porque es de jurisdicción nacional”, reclamó.
Otra obra que Kicillof considera prioritaria es la autovía de la ruta 3, entre Las Flores y Azul, donde en las últimas semanas se registraron múltiples accidentes graves. El gobernador pretende completar un tramo de aproximadamente cinco kilómetros entre Camino del Buen Ayre y Merlo, mientras que el tramo final de unos 25 kilómetros entre Guernica y La Plata quedaría para futuras gestiones.
El mandatario provincial destacó que "nunca en la historia argentina ocurrió que por dos años esté absolutamente paralizada toda la obra pública de orden nacional" y recordó que su gobierno ya realizó cinco reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la devolución de las deudas que el Ejecutivo nacional mantiene con la provincia, las cuales superan los $12 billones, equivalentes a casi diez meses de recaudación.
