La disputa por el control de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló de un conflicto administrativo a una confrontación política total entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof reconoció formalmente el cambio de jurisdicción de la entidad a territorio bonaerense, justo en el momento en que la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación intentaba avanzar sobre las cuentas de Claudio "Chiqui" Tapia.
La simultaneidad de las acciones dejó en claro que ya no se trata solo de balances, sino de una batalla por la soberanía institucional del fútbol argentino. El punto más polémico de la resolución reside en el domicilio declarado por la AFA: la calle Mercedes 1366, en Pilar. Inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la IGJ realizaron una constatación en el lugar y describieron la dirección como un terreno baldío sin oficinas administrativas.
Un "baldío" con validez legal
Pese a este informe de la Nación, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de Buenos Aires validó la radicación. Para la provincia, la aprobación de la Asamblea de la AFA del pasado 17 de octubre es soberana y suficiente para tomar razón del nuevo domicilio social en Pilar y la sede deportiva en el predio de Ezeiza. Con este sello, Kicillof desplazó la competencia de la IGJ y atrajo la fiscalización de la AFA bajo su exclusivo control.
Menos de dos horas antes del anuncio bonaerense, la IGJ, dirigida por Daniel Vítolo, había anunciado el pedido de designación de veedores para auditar los estados contables de la AFA. El organismo nacional justificó la medida, que asegura no es una intervención, ante la "falta de presentación en tiempo y forma" de documentación clave sobre los números de la entidad.
Desde la Casa Rosada, el mensaje es de transparencia: ninguna corporación, por más poderosa que sea, puede estar fuera del radar de control. Sin embargo, con el reconocimiento provincial del cambio de domicilio, la AFA ya emitió un comunicado categórico: sostienen que la IGJ "carece de legitimidad y jurisdicción" para supervisarlos, quedando bajo la órbita exclusiva de la provincia de Buenos Aires.
El trasfondo de este choque es la tensa relación entre Javier Milei y Axel Kicillof. Mientras el Presidente busca auditar estructuras que considera opacas, el Gobernador utiliza su autonomía federal para proteger a la conducción de Tapia y frenar el avance nacional sobre una institución que maneja recursos millonarios y un capital simbólico inigualable.
