Río de Janeiro fue escenario este martes de una de las operaciones policiales más letales contra el grupo criminal Comando Vermelho, que dejó un saldo de al menos 64 muertos y 81 detenidos. La acción, denominada “Contención”, movilizó a 2.500 efectivos y causó un impacto profundo en la vida de la ciudad.
Durante el operativo, la policía incautó un arsenal significativo que incluía 72 fusiles, drones utilizados para ataques y más de 50 colectivos empleados como barricadas para bloquear calles. Además, se decomisó una gran cantidad de droga, según confirmaron las autoridades locales.
Según la ONG Insight Crime, el Comando Vermelho obtiene sus armas a través de redes de tráfico y alianzas con otras organizaciones criminales. Entre 2015 y 2018, mantuvo vínculos con la Familia del Norte de Manaus, y hasta 2016 estuvo aliado con el Primer Comando Capital. También ha intercambiado armas por cocaína con la extinta guerrilla FARC.
La ciudad sufrió graves consecuencias por la operación: numerosas calles quedaron bloqueadas por los colectivos usados como barricadas, el metro se vio desbordado y al menos 85 escuelas suspendieron sus clases. En barrios turísticos como Copacabana e Ipanema, se adelantó la salida de alumnos para proteger al personal educativo.
El gobernador Cláudio Castro difundió un video en su cuenta de X donde se observa un dron lanzando un proyectil durante la intervención, calificando la situación como “narcoterrorismo”. “Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones”, afirmó.
La operación fue acompañada por dos helicópteros y abarcó un área equivalente a dos Copacabanas. El sindicato de transportistas informó que más de 50 autobuses fueron usados para armar barricadas, lo que paralizó el transporte público y complicó la movilidad en la ciudad.
La población vivió momentos de tensión, con disparos constantes que generaron miedo en los barrios afectados. Una persona que participa en proyectos sociales en el complejo de Penha describió la situación: “Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos”.
En el hospital Getulio Vargas, ubicado en la favela Vila Cruzeiro, ingresaron tanto civiles como policías heridos y fallecidos, mientras que las calles permanecían bajo fuego cruzado. Fotografías muestran a jóvenes detenidos con las cabezas bajas y esposados, custodiados por agentes armados.
En Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de urgencia con ministros para evaluar la situación y anunció el envío de una comitiva a Río para coordinar acciones con el gobernador Castro. Lula regresaba de una gira por el sudeste asiático al momento de la crisis.
Organizaciones internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch expresaron su preocupación por el alto número de muertes y pidieron investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento. Una coalición de 30 organizaciones civiles denunció que la operación evidencia el fracaso de las políticas de seguridad y sumerge a Río en un estado de terror.
La Corte Suprema de Brasil había impuesto en 2020 restricciones a este tipo de operativos, limitando el uso de helicópteros y las acciones cerca de escuelas o centros de salud, pero estas medidas fueron levantadas en 2025. El año pasado, cerca de 700 personas murieron en intervenciones policiales en Río, casi dos por día.
El operativo de 2025 supera en gravedad a la operación de 2021 en la favela Jacarezinho, donde fallecieron 27 personas. La violencia y el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y grupos criminales continúan siendo un desafío crítico para la seguridad pública en Río de Janeiro.
