La abogada argentina Agostina Páez, acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, podrá regresar a Argentina tras una audiencia judicial en la que se resolvió que deberá cumplir tareas comunitarias.
La decisión se tomó este martes en el Tribunal Penal N°37, donde se desarrolló la audiencia de Instrucción y Juzgamiento. El debate comenzó a las 15:55 y finalizó minutos antes de las 19:30. Durante la jornada, solo estuvieron presentes la acusada junto a su defensora, Carla Junqueira, el vicecónsul argentino, la querella y la fiscalía, ya que tanto su padre como otros representantes y la prensa fueron retirados de la sala.
En el transcurso de la audiencia declararon primero los empleados del bar donde ocurrió el hecho. Luego expuso el fiscal y, por último, la defensa solicitó que el proceso continúe en la Argentina, planteo que derivó en la resolución final.
Tras conocerse la decisión, Páez reiteró su alivio, aunque admitió que aún siente temor. “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”, señaló sobre Brasil. También aseguró que durante el proceso dijo la verdad y pidió disculpas: “Fue la peor experiencia de mi vida”. Además, quedó pendiente la definición judicial sobre el retiro de la tobillera electrónica.
En declaraciones previas, la joven había manifestado su preocupación ante la posibilidad de una condena: “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó. También expresó su deseo de volver cuanto antes a su entorno: “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”.
El caso se originó cuando la abogada, oriunda de Santiago del Estero, fue filmada realizando gestos racistas a la salida de un bar en Ipanema, mientras se encontraba de vacaciones. A partir de la denuncia de empleados del lugar, fue detenida e imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio.
Aunque el escenario inicial contemplaba una posible condena de hasta 15 años, la resolución judicial permitió encauzar el caso hacia una salida alternativa, evitando una pena de prisión efectiva.
