El gobierno de Estados Unidos anticipó que en los próximos días anunciará una nueva batería de aranceles que alcanzará a alrededor de 60 países, en el marco de una política comercial orientada a combatir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Los aranceles reemplazarán el esquema transitorio del 10% que había sido implementado por el presidente Donald Trump luego de que la Corte Suprema invalidara gran parte de los recargos aduaneros establecidos el año pasado. La medida podría alcanzar a varios de los principales socios comerciales de Washington.
“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, sostuvo Greer durante una entrevista con CNBC. “Esperamos ver algunas acciones pronto”, agregó.
La ofensiva comercial se produce pocos días después de que la administración estadounidense anunciara nuevos aranceles del 25% para determinados productos provenientes de Brasil y del 50% para importaciones desde Canadá.
El origen de esta nueva estrategia se remonta a fines de febrero, cuando la Corte Suprema anuló gran parte de los aranceles impulsados por Trump al considerar que el mandatario había realizado una interpretación inconstitucional de la legislación utilizada para justificarlos.
No obstante, la decisión judicial no alcanzó a los aranceles sectoriales aplicados sobre industrias como la automotriz ni sobre productos como el acero, el aluminio y el cobre.
Tras ese fallo, Trump recurrió a otro instrumento legal que le permitió establecer aranceles por un período máximo de 150 días. Paralelamente, la Oficina del Representante Comercial inició una serie de investigaciones respaldadas por la misma legislación utilizada para aplicar gravámenes sectoriales, con el objetivo de convertir esas medidas en permanentes.
Como resultado de esas pesquisas, a comienzos de junio Greer propuso imponer aranceles del 12,5% a unos 45 países que, según Washington, carecen de normas para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
En el caso de economías que cuentan con restricciones, pero cuya aplicación es considerada insuficiente —como Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán—, la administración estadounidense plantea un arancel reducido del 10%. La misma tasa se propone para el Reino Unido, cuya normativa es considerada parcial.
