La Confederación General del Trabajo (CGT) abrió un nuevo frente de conflicto con el Gobierno al manifestar su fuerte rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por Javier Milei, que busca derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 vigente desde 2006. Esta iniciativa generó preocupación entre los gremios docentes agrupados en la central obrera, que declararon el estado de alerta ante lo que consideran una reforma que debilita el sistema educativo público.
El secretario de Políticas Educativas de la CGT y líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, advirtió que el proyecto "serrucha el sistema educativo; lo derriba para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento, entre otros temas sensibles". Además, anunció que presentarán su disidencia en el Consejo de Mayo a través del representante de la CGT.
El proyecto contempla la habilitación de la educación en el hogar (homeschooling) sin establecer una edad mínima, y permite que los estudiantes acrediten sus aprendizajes mediante exámenes periódicos. También autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Asimismo, posibilita que cada escuela diseñe planes de estudio propios, además de los comunes elaborados por los ministerios, y declara la esencialidad de la educación básica para garantizar su continuidad ante cualquier conflicto.
Romero expresó su intención de dialogar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para aclarar dudas sobre la veracidad del proyecto, pero advirtió que, de no obtener resultados, presentarán formalmente su rechazo. Consultado sobre la posibilidad de medidas de fuerza, afirmó: "Exactamente. Por eso nos ponemos en alerta".
En un informe presentado a la CGT, el dirigente destacó que el borrador elimina la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, un compromiso considerado fundamental para el desarrollo nacional. También señaló que el proyecto desvincula al Estado de la conducción política, administrativa y pedagógica del sistema educativo, cuando en realidad es necesario fortalecerla para garantizar una educación pública de calidad e inclusiva.
Además, Romero denunció que la iniciativa elimina la estabilidad laboral docente y no menciona las paritarias, ignorando derechos básicos de negociación colectiva. Criticó la autorización de la educación confesional en la escuela pública, recordando que desde 1884, con la Ley 1420, se instauró la educación laica en Argentina. Asimismo, alertó que el proyecto financia la educación privada en detrimento de la pública, afectando a los sectores más vulnerables.
El secretario resaltó que la propuesta transfiere la responsabilidad de la educación formal a las familias, transformando una obligación estatal en una iniciativa individual. A modo de antecedente, mencionó que proyectos similares, como las escuelas charter, fracasaron rotundamente en nuestro país.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también manifestó un "rechazo enérgico" al proyecto, calificándolo como un ataque al sistema democrático y a la garantía estatal del derecho a la educación, la escuela pública, las organizaciones sindicales y los derechos sociales y laborales. La organización, liderada por Sonia Alesso, criticó que el proyecto promueva la idea de la familia como principal responsable de la educación, obstruyendo los principios colectivos de socialización, igualdad y justicia social en las escuelas.
La CTERA advirtió que la iniciativa representa un retroceso educativo al siglo XIX, al introducir la formación religiosa confesional en la educación pública y promover el homeschooling, que consideran una amenaza para la educación inclusiva y pública.
