La condena a un ex senador sacó a la luz una de las cajas negras de la Legislatura bonaerense

Engañaba a personas de bajos recursos para generar contratos a espaldas de las víctimas. La maniobra fue descubierta por una mujer cuando fue a tramitar un subsidio y se lo rechazaron.
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Créditos: legislatura bonaerense
Por: Martín Soler

La condena a un ex senador bonaerense del Bloque Unión Pro -luego llamada Unión Celeste y Blanco- sacó a la luz una de las cajas negras de la política que, en la mayoría de los casos, es para enriquecimiento personal de dirigentes políticos que acceden a cargos legislativos en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral del mapa nacional ya que el territorio abarca el 38% de padrón nacional.

La condena recayó sobre Antonio Armando Nieto y los secretarios administrativos de ese bloque su hijo Leonardo Damián Nieto y Alfredo Fabián Digiano quienes fueron condenados en el Juzgado en lo Correccional 4 de La Plata a cargo de la jueza Claudia Greco por Defraudación a la Administración Pública por hechos cometidos entre los años 2008 y 2011 que generaron un importante daño patrimonial a las arcas públicas.

 

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En la sentencia a la que accedió Borderperiodismo se detalla que se le impuso al ex legislador por La Matanza a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; tres años y seis meses e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a Leonardo Nieto y dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a Digiano.

Los nombrados utilizando datos personales de personas de bajos recursos económicos y con el engaño de que obtendrían la obra social IOMA eran designados como empleados del bloque político que proponía como empleados el senador Nieto, sabiendo que no prestarán funciones en el senado. De tal modo una vez designados retenían sus tarjetas de débito para el cobro y cobraban para si sus salarios.

Las personas engañadas nunca cobraron ni trabajaron en la cámara de Senadores. La maniobra fue descubierta pues una persona que figuraba como empleado quiso tramitar la asignación familiar por hijo, tomando conocimiento en ese momento que figuraba como empleado del senado.

Cuando la víctima se comunicó con el despacho del legislador para pedir explicaciones recibió un llamado telefónico de Nieto hijo quien le preguntó “cuánta plata querés para no abrir la boca”.

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Como agravantes de la pena la jueza Greco valoró “la afectación de bien jurídico protegido por tratarse de un delito continuado que se llevó a cabo durante varios años” y “la calidad de funcionarios públicos” que revestían los Nieto y el puntero Digiano. También ponderó como agravante a solicitud de la fiscalía de juicio que “en la mayoría de los casos los sujetos engañados eran personas de bajos recursos económicos, sin formación académica, con trabajos informales, tratándose del grupo más vulnerable de la sociedad”.

En la sentencia se estableció que “cada senador tenía un cupo, designado mediante decreto del gobernador y los empleados pertenecían a la planta temporal del bloque político”. También se reveló que en el Senado de la provincia de Buenos Aires “no había control de presentismo ni de actividad del personal que pertenecía al bloque político”.

Como pruebas para fundar la sentencia la jueza tuvo en cuenta informes del Banco de la provincia de Buenos Aires, informes de la Cámara de Senadores provincial y documentación aportada por la obra social IOMA.

En el juicio oral intervino la fiscal de juicio Victoria Huergo quien en los últimos meses logró varias condenas por casos de corrupción y asociación ilícita, como fueron las sentencias de primera instancia que recayeron sobre el exjuez César Melazo y del ex funcionario Mariano Bruera, ambos juzgados y condenados en juicios distintos por ser parte de una empresa criminal. Además, solicitó y logró la reapertura de la investigación por presuntos sobornos cobrados por el exintendente de La Plata, Pablo Bruera.

 

Fiscal Victoria Huergo

 

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El ex senador bonaerense accedió al cargo en una lista de Unión Celeste y Blanco (luego Unión-Pro, el sello utilizado por Francisco de Narváez y Mauricio Macri en 2007). Nació el 21 de octubre de 1953. Fue electo Senador provincial por el partido Unión Celeste y Blanco en representación de la Tercera sección electoral (La Matanza) en 2007. Fue nombrado vicepresidente de las comisiones de Organización Territorial y Vivienda, Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo Humano y Vocal en las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Hacienda, Trabajo y Legislación Social, Igualdad Real de Trato y Oportunidades, Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica y Presupuesto e Impuestos.

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LA INVESTIGACIÓN

 

Según dio por acreditado en el expediente penal el exfiscal de Investigaciones Complejas de La Plata Jorge Paolini el “entonces senador de la Provincia de Buenos Aires por el partido Unión Pro -luego, Unión Celeste y Blanco-, con la colaboración necesaria -primero- del secretario administrativo del bloque partidario de mención y de una mujer allegada a este último, y -luego- de uno de sus hijos quien también asumiera la función de secretario de bloque, defraudó a la administración pública provincial en al menos 39 ocasiones, mediante el cobro de importantísimas sumas de dinero liquidadas en favor de distintas personas que nunca prestaron funciones en el Honorable Senado de la Provincia”.

En la primera audiencia declararon personas a quienes les robaron sus datos personales para confeccionar los contratos fantasmas y confirmaron la maniobra que apunta directamente al ex legislador. Esto puso contra las cuerdas al ex dirigente político que cuenta con la defensa del abogado y ex juez Federal, Daniel Llermanos. La defensa de Digiano estuvo en manos del abogado Marcelo Peña.

En el expediente se estableció que la maniobra generó “un perjuicio patrimonial, al Erario Público Provincial por una suma superior a los dos millones y medio de pesos”, se determinó en la causa penal. Entre los años 2008 y 2011 el valor promedio del dólar oficial era de $3,75. En esta causa el fraude en perjuicio de las arcas del Estado provincial, en moneda dura, asciende a más de 660 mil dólares.

El ardid consistió en obtener datos personales de ciudadanos bajo promesa de obtener una ayuda económica o una afiliación a la obra social IOMA. En ese marco las personas que resultaron engañadas aportaron sus datos personales con los que luego se confeccionaron nombramientos laborales en el Senado provincial con el objetivo de apoderarse de los salarios asignados.

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En la instrucción se determinó que con los datos filiatorios de esas personas, el senador Nieto “elevaba al Presidente de la Cámara las propuestas de designación en la modalidad Bloque Político a sabiendas de que ninguno de ellos habría de prestar funciones en calidad de empleados del Bloque”.

Pero también existió otra maniobra fraudulenta que consistió en aprovecharse “que las tarjetas de débito de los empleados designados del modo antes descrito, eran giradas desde el Banco Provincia de Buenos Aires al edificio del Anexo del Senado, -siendo ésta una modalidad de entrega utilizada por defecto, cuando no se consignaba el domicilio real del titular de la cuenta-, era el propio secretario administrativo de bloque, quien retenía los plásticos, una vez entregados en las oficinas del Senado Provincial”.

En la causa se identificaron los nombres de las personas engañadas cuyos datos se mantendrán en reserva. El expediente cuenta con abundante prueba que fue valorada, ponderada y validada para que el caso llegue a la instancia de juicio oral. Entre ellas se detallan informes oficiales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la obra social IOMA, de empresas de telefonía, del propio Senado provincial y de la AFIP –entre otros organismos– que fueron requeridos por los investigadores. También declararon trabajadores de carrera del Senado provincial quienes dieron cuenta de cómo eran entonces los procedimientos para la designación del personal de los distintos bloques políticos.

Toda la investigación de fiscal Paolini fue dada por válida por el juzgado de Garantías, la Cámara Penal y ahora un juzgado Correccional. Pese a ello las defensas evalúan apelar la sentencia de primera instancia.

 

 

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