La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la actualización del decomiso económico dispuesto en la causa Vialidad y elevó el monto que deberán afrontar solidariamente los condenados de $85.000 millones a $685.000 millones. Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó el último planteo presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y despejó el camino para que continúe la ejecución patrimonial derivada de la condena.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes también desestimaron los pedidos para frenar las medidas vinculadas al decomiso. En el mismo fallo, el tribunal rechazó un recurso similar presentado por Lázaro Báez, también condenado en el expediente.
A que se debe la actualización
La actualización del monto se basó en un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, que recalculó el perjuicio económico determinado en la sentencia. A partir de ahora, el Tribunal Oral Federal N.º 2 podrá continuar con las acciones destinadas a recuperar esos fondos mediante la ejecución de bienes pertenecientes a los condenados.
Actualmente, la orden de decomiso alcanza a 111 bienes, varios de ellos ubicados en la provincia de Santa Cruz. El tribunal ya inició las tareas de tasación de distintas propiedades como paso previo a un eventual remate judicial. En el caso de Báez, buena parte de su patrimonio ya fue liquidado en procesos anteriores relacionados con la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como Ruta del Dinero K, por lo que la atención se concentra especialmente en los activos que aún conserva Cristina Kirchner.
La causa Vialidad investigó un supuesto esquema de direccionamiento de 51 contratos de obra pública vial adjudicados entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. Según la Justicia, las licitaciones beneficiaron de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Báez, mediante un mecanismo que ocasionó un perjuicio millonario al Estado. Por esos hechos fueron condenados Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Guillermo Periotti, entre otros exfuncionarios. La ex mandataria cumple actualmente una pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras continúa la etapa de ejecución de la sentencia.
Durante el proceso, la defensa de Cristina Kirchner sostuvo que el decomiso excedía los alcances del proceso penal y que cualquier reclamo patrimonial debía tramitarse en la justicia civil. También cuestionó el período considerado para calcular el monto y advirtió sobre una supuesta superposición con otros procesos judiciales. Sin embargo, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como ahora la Corte Suprema rechazaron esos planteos y ratificaron que el decomiso forma parte de la condena penal y corresponde que sea ejecutado por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Con esta resolución, quedó definitivamente firme uno de los aspectos económicos más importantes de la causa Vialidad, habilitando el avance de las medidas destinadas a recuperar los fondos establecidos por la Justicia como producto del perjuicio ocasionado al Estado.
