Por una orden judicial de reciente emisión, los bienes decomisados a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros condenados en la causa conocida como Vialidad, entre ellos el empresario Lázaro Báez, pasaron formalmente a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora, el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, asume la responsabilidad de decidir el destino final de estos inmuebles. La Corte debe determinar si los utilizará para funciones propias del Poder Judicial o si, por el contrario, ordena su subasta pública.
El análisis de la cartera de activos estará a cargo de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte. En caso de que se opte por el uso interno, el tribunal podría asignar las propiedades para diversas dependencias judiciales, especialmente en la región Sur del país, para depósito, o incluso como sede para el desarrollo de nuevos juicios. Si la Corte no dispone de su uso, los inmuebles incautados por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) serán subastados para recuperar el daño patrimonial.
Este es el mismo Tribunal que en diciembre de 2022 condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de corrupción en la obra pública en Santa Cruz. La ex vicepresidenta cumple su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Las claves del fallo que ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner tras la condena por la causa Vialidad
El fallo que dispuso el decomiso de los bienes destacó que la medida es parte de la tradición histórica del sistema penal argentino. El principal objetivo de esta acción es impedir que el delito rinda beneficios a quienes resultaron condenados y neutralizar así los efectos patrimoniales de la conducta ilícita comprobada.
La resolución judicial hizo hincapié en la función reparadora del decomiso. Señaló que la incautación cumple una función de reparación del daño social causado y se alinea con la política pública de recuperación de activos de la corrupción. Este último punto es una obligación internacional que el Estado Argentino asumió mediante la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros acuerdos internacionales.
El texto legal especifica que la acción alcanza a los bienes de los condenados. Sin embargo, también abarca a los bienes en poder de sujetos no condenados si se trata de personas jurídicas que se beneficiaron del producto del delito o de terceros que recibieron los activos a título gratuito.
La orden de decomiso se ejecutó tras la confirmación de la sentencia. Afecta a un total de 122 inmuebles que el Ministerio Público Fiscal (MPF) identificó como instrumentos o producto directo del delito. También incluye activos incorporados durante el extenso período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado por el decomiso era de $84.835 millones. No obstante, peritos contadores actualizaron esa cifra con criterios técnicos ratificados por la Corte. El valor total del decomiso asciende ahora a $684.990 millones. Ante el incumplimiento de pago por parte de los condenados, el Tribunal ordenó la ejecución inmediata de la medida.
