Finalmente será la Corte Suprema la encargada de determinar de cuantos millones será la cifra que deberá devolver la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad y por la que se encuentra bajo arresto domiciliaria cumpliendo una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En encargado de calcular el número fue el juez Jorge Gorini y difundió una cifra de $86.085.463.548,25. Sin embargo, ese monto podría incrementarse y serán los peritos de parte los encargados de difundir el definitivo.
Cómo se realizó el primer cálculo
Según informa el diario Clarín, en primer lugar, se analizaron minuciosamente los 51 procesos licitatorios mediante los cuales el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación del 86% de las obras viales desde 2003 a 2015.
Para llegar al primer monto la Justicia dictaminó que “a través del dictado de normas de su competencia que permitieron la mayor discrecionalidad presupuestaria para el sostenimiento de los sistemáticos pagos que debían continuar realizando los organismos viales más allá de su capacidad financiera, agobiados por el volumen exorbitante de contratos de obra pública adjudicados, especialmente a las empresas controladas por Báez”.
A su vez, el monto fue considerado “estrafalario y colosal” y fue fijado en $84.835.227.378,04 actualizados al 6 de diciembre del año 2022.
Por su parte, el juez Jorge Gorini aseguró que la cifra supera ampliamente los 86.000 millones de pesos, pero que la misma deberá ser actualizada
Cómo se decomisarán los bienes
Una vez determinado el monto final, la Justicia intimará a los condenados a depositar en un plazo de diez días los fondos. Si transcurrido ese tiempo no cumplen, podrá ejecutar los bienes.
Vale destacar que, en el informe elaborado por la Justicia, se mencionan todas las propiedad y empresas pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, al igual que lo que les fue cedido a sus hijos Máximo y Florencia en partes iguales.
Algunos de los bienes podrán ser rematados y otros podrán ser administrados por organismos del Estado.
